Un hombre y una mujer, ambos adultos, fueron formalizados en el Juzgado de Garantía de Castro por el delito de estafa. Según la Fiscalía, habrían engañado a una persona que vendía su camioneta, haciéndole creer que había recibido el pago total del vehículo. El tribunal rechazó la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público y dictó otras medidas cautelares.
El fiscal Álvaro Espinoza, de la Fiscalía de Castro, detalló los antecedentes expuestos en la audiencia. De acuerdo con la investigación, los imputados habrían contactado a la víctima el 15 de septiembre y acordaron reunirse con ella en la sucursal del Banco de Chile de Castro.
Ahí se habría concretado el engaño. Los imputados pagaron la camioneta con un documento que, según la Fiscalía, después resultó no tener los fondos disponibles para ser liberados. Sin saberlo, la víctima quedó convencida de que la venta estaba pagada.
Con esa falsa certeza, la víctima firmó una carta poder a favor de los compradores. Con ese documento en mano, los imputados se retiraron del lugar llevándose el vehículo. Más tarde, la víctima se dio cuenta de que había sido estafada.
La víctima presentó la denuncia el 17 de septiembre. El Ministerio Público tomó conocimiento del caso y ordenó diligencias investigativas. Con los antecedentes reunidos, la Fiscalía obtuvo una orden de detención ante la magistrada de turno.
La orden se cumplió el lunes 21 de septiembre en la comuna de Ancud, donde la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros detuvo a ambos imputados.
La camioneta todavía no ha sido recuperada. El vehículo mantiene un encargo vigente y Carabineros está a cargo de su ubicación.
En la audiencia, el tribunal declaró ajustada a derecho la detención. Luego, la Fiscalía formalizó la investigación por el delito de estafa en grado consumado y atribuyó a ambos imputados participación en calidad de autores.
El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para los dos, pero la magistrada no acogió la petición. En su lugar, decretó arresto domiciliario parcial, firma mensual y la prohibición de comunicarse y de acercarse a la víctima. Además, fijó un plazo de investigación de 90 días.
El fiscal Espinoza señaló que el Ministerio Público no descarta presentar un recurso de apelación para revertir lo resuelto por el tribunal. Por ahora, la Fiscalía analiza los antecedentes para recurrir ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.
Los imputados mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra.
