La propiedad contratada por más de 44 millones de pesos anuales opera como bodega de la Dirección de Operaciones, pero no cuenta con recepciones de obras al día y fue reprobada en seguridad laboral por el IST.
Una denuncia por eventuales faltas a la probidad, desacato a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, además de posible ocultamiento de información al Concejo Municipal sacude a la administración de Puerto Montt.
El concejal Sebastián Almonacid apuntó directamente contra el director de Operaciones, Ignacio Ávila, tras detectar que el municipio desembolsa mensualmente más de 3 millones de pesos por el trato directo de un inmueble ilegal.
Una propiedad al margen de la ley
El cuestionado recinto, ubicado en la Calle Génesis N° 21, fue arrendado para albergar las bodegas y oficinas de la Dirección de Operaciones, significando un costo anual superior a los 44 millones de pesos. Sin embargo, la fiscalización del edil dejó al descubierto que un informe técnico de la propia Dirección de Obras Municipales (DOM) determinó que la propiedad solo tiene recepcionada una edificación del año 2010.
Tanto las oficinas interiores como los contenedores operan en la total irregularidad y sin los permisos correspondientes.
El escenario empeoró tras conocerse un lapidario informe del Instituto de Seguridad del Trabajo (IST). El organismo calificó el recinto con un rotundo «No Cumple» en seguridad laboral, alertando sobre la presencia de moho, falta de extintores y condiciones de riesgo para los trabajadores, quienes están expuestos a ruidos sin aislamiento y humos metálicos.
Acusaciones de «doble estándar» y acciones legales
El concejal Almonacid criticó con dureza el actuar del gobierno comunal: «Hay un indignante doble estándar en la gestión municipal: mientras a los vecinos de Puerto Montt se les exige hasta el último trámite bajo amenaza de multas o demoliciones, el director de Operaciones engañó al Concejo», enfatizó.
Ante la gravedad del caso, el edil solicitó formalmente la apertura inmediata de un Sumario Administrativo contra Ignacio Ávila. De igual forma, acudirá a la Contraloría General de la República para que intervenga en el proceso y requirió el apoyo de la Unidad Penal Municipal para evaluar la interposición de una querella ante el Ministerio Público por el presunto delito de Falsificación de Documento Público (Falsedad Ideológica) por un eventual engaño al Concejo Municipal.
Para aclarar este hecho ya hicimos las consultas a la municipalidad de Puerto Montt, con el fin de obtener la versión oficial y saber qué ocurre con esta denuncia.
