La diputada Paulina Muñoz Minte (Distrito 25) cuestionó las cifras contradictorias que circulan sobre la capacidad del Relleno Sanitario La Laja. El recinto recibe los residuos domiciliarios de 462.191 habitantes de la provincia de Llanquihue.
El alcalde de Puerto Varas y presidente de la Asociación de Municipios, Tomás Gárate, ha afirmado públicamente que al relleno le quedan apenas nueve meses de capacidad. Sin embargo, la empresa operadora, Interaseo, informó por escrito que el recinto tendría capacidad hasta agosto o septiembre de 2028. Esa proyección supone una densidad de compactación de 1,10 t/m³ y la sobreelevación de un domo sobre los alvéolos existentes.
«No es aceptable que la comunidad reciba dos versiones distintas sobre un servicio tan básico como dónde va a parar su basura. O quedan nueve meses o quedan dos años. El alcalde, como titular del relleno, tiene la obligación de decir la verdad con datos técnicos verificables, y no usar la urgencia como herramienta de presión política», afirmó la diputada.
La parlamentaria agregó que incluso debe aclararse si la sobreelevación del domo cuenta con autorización ambiental.
Análisis de lixiviados: una deuda pendiente
Muñoz recordó que en noviembre de 2023 la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló nueve cargos contra la Municipalidad de Puerto Varas como titular del relleno. Cinco de ellos son graves, incluido el deficiente sistema de captación de lixiviados. A ello se suman denuncias ciudadanas sobre camiones que descargarían residuos de la salmonicultura, residuos industriales que la RCA N° 214/2009 no autoriza.
«A la fecha, la comunidad no conoce resultados independientes sobre lo que hay en esos lixiviados, sobre qué está llegando a los esteros ni sobre la calidad de las aguas subterráneas. Ya en febrero los concejales pidieron una fiscalización bioquímica de los residuos. Exijo que se hagan los análisis de DBO, DQO, nitrógeno, fósforo y metales pesados, tomados por un laboratorio acreditado ante la SMA y no por la misma empresa fiscalizada. La RCA está vigente y se cumple; no es opcional», sostuvo.
Compromisos con los concejales y reunión con especialistas
Según han denunciado los concejales de Puerto Varas [nombre] Horn y [nombre] Monsalves, el alcalde Gárate no estaría cumpliendo los compromisos adquiridos con ellos y con la Asociación de Municipios, entidad a cargo del relleno. Entre ellos estaba una reunión fijada para hoy a las 8:00 horas, en la que expondrían especialistas propuestos por los concejales. El objetivo era exigir la toma de muestras para análisis fisicoquímicos de la masa de residuos mediante perforación helicoidal [verificar término técnico].
Los concejales advirtieron que la reunión fue trasladada a las 12:00 horas, y que el alcalde presentó nuevos expertos de su parte. A juicio de los concejales, este cambio dificulta la exposición de los especialistas que ellos habían propuesto.
La preocupación de los concejales apunta a la seguridad del relleno frente a posibles riesgos de incendio. Esta inquietud surge de los antecedentes públicos de Consorcio Santa Marta, empresa propuesta para construir el Alvéolo 3. En enero de 2016, el relleno que opera en Talagante sufrió un deslizamiento de cerca de 500.000 toneladas de residuos y un incendio que cubrió de humo Santiago. Por esos hechos fue sancionado por la Superintendencia del Medio Ambiente y condenado por daño ambiental.
«Respaldo plenamente a los concejales. Para tomar una decisión de esta magnitud no basta con escuchar a expertos o leer estudios: hay que conocer los resultados de los análisis que muestre, con las técnicas adecuadas. Nadie puede pedirle al Concejo que vote a ciegas sobre un relleno con nueve cargos ambientales, y menos que lo haga después de cambiar las reglas de una reunión acordada. Los compromisos se cumplen», afirmó la diputada.
Llamado a la SMA y a la SEREMI de Salud
La diputada fue enfática en que los organismos fiscalizadores deben actuar sin esperar una nueva emergencia.
«La Superintendencia del Medio Ambiente no puede ser espectadora. Tiene un procedimiento sancionatorio abierto desde 2023 y la comunidad merece saber en qué está. Le pido una inspección en terreno, con muestreo independiente y revisión de los registros de ingreso de camiones. Lo mismo a la SEREMI de Salud, que debe verificar que el relleno cumpla el reglamento sanitario, incluido el monitoreo de aguas subterráneas que exige la ley para rellenos de este tamaño», señaló.
La parlamentaria informó que [ingresó] nueve oficios de fiscalización dirigidos a la Municipalidad de Puerto Varas, la Superintendencia del Medio Ambiente, la SEREMI de Salud, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Dirección General de Aguas, SERNAPESCA, ChileCompra y la Contraloría Regional. Estos oficios abordan tanto la operación actual del relleno como la licitación del Alvéolo 3.
«El Estado municipal es titular de esta RCA y debe responder ante la ley igual que cualquier privado. Si fuera una empresa con nueve cargos ambientales, nadie toleraría la falta de información. Los vecinos de nueve comunas pagan este servicio con sus impuestos y tienen derecho a saber la verdad», concluyó Muñoz.
