Contraloría detectó millonarias deficiencias financieras en contrato del Puente Chacao

La Contraloría General de la República detectó una serie de incumplimientos administrativos, financieros y técnicos en la ejecución del contrato de diseño y construcción del Puente Chacao, obra que conectará la provincia de Chiloé con el continente, en la Región de Los Lagos.

Los antecedentes están contenidos en el Informe Final N.º 324 de 2026, fechado el 5 de octubre, que examinó la gestión de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP) durante el período comprendido entre enero de 2024 y diciembre de 2025, incorporando verificaciones posteriores.

Entre sus principales conclusiones, el organismo fiscalizador estableció que Vialidad dejó de efectuar retenciones contractuales por $5.034.992.278 en determinados estados de pago asociados a obras adicionales.

Estas retenciones debían constituir una garantía para asegurar la correcta ejecución de los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Contraloría ordenó regularizar la situación y acreditar las medidas adoptadas.

La auditoría también identificó pagos excesivos por $84.334.699 a raíz de la aplicación incorrecta de índices utilizados para calcular un reajuste extraordinario del contrato.

El organismo requirió recalcular los montos involucrados y acreditar los reintegros que correspondan. Además, advirtió sobre la posibilidad de formular un reparo si no se demuestra la regularización de los recursos observados.

En materia de sanciones, Contraloría constató dos incumplimientos relacionados con obras ejecutadas utilizando planos distintos de los aprobados, correspondientes a intervenciones en la pila sur del puente.

La Dirección de Vialidad informó que había dispuesto multas por un total de 600 unidades tributarias mensuales (UTM). Sin embargo, al cierre del informe no se había acreditado su cobro efectivo ni la subsanación de las deficiencias técnicas asociadas.

También se formularon observaciones relacionadas con otras multas, por un total de 30 UTM, derivadas de incumplimientos de disposiciones laborales.

En el ámbito constructivo, la fiscalización estableció que entre enero de 2024 y diciembre de 2025 se emitieron 274 registros de no conformidad por distintos incumplimientos detectados durante las obras.

De ese total, 202 permanecían abiertos a febrero de 2026, mientras se encontraban pendientes de análisis o de presentación las acciones correctivas correspondientes.

Entre los problemas examinados figuran deficiencias en elementos de hormigón armado, utilización de materiales sin aprobación previa e inicio de actividades constructivas sin contar oportunamente con los antecedentes técnicos exigidos.

Contraloría también cuestionó la reiteración de problemas en obras temporales utilizadas durante la construcción, incluidos incumplimientos relacionados con su revisión técnica y condiciones de seguridad para los trabajadores.

El informe examinó además la fabricación del tablero de acero del puente en Corea del Sur.

Entre mayo de 2025 y febrero de 2026, la asesoría a la inspección fiscal realizó cinco visitas a las instalaciones de fabricación, durante las cuales formuló 67 observaciones.

De ellas, 26 permanecían sin resolver a junio de 2026. Entre siete observaciones con más de un año de antigüedad, la Dirección de Vialidad informó la subsanación de tres, permaneciendo cuatro sin resolución acreditada.

La auditoría también advirtió atrasos en la fabricación del tablero y del cable principal, componentes esenciales para la ejecución del proyecto.

Al 30 de abril de 2026, las obras registraban un avance físico del 64,68%, frente al 68,94% programado para esa fecha, equivalente a una diferencia de 4,26 puntos porcentuales.

El organismo fiscalizador reconoció que la Dirección de Vialidad aportó antecedentes que permitieron levantar o subsanar algunas observaciones. No obstante, mantuvo diversos cuestionamientos e instruyó medidas para corregir las deficiencias detectadas.

Entre ellas figuran la regularización de retenciones contractuales, la acreditación de reintegros y multas, la subsanación de incumplimientos técnicos y el fortalecimiento de los mecanismos de inspección y seguimiento.

Para acreditar distintas medidas, Contraloría estableció plazos de 30 y 60 días hábiles contados desde la recepción del informe.

La auditoría documenta deficiencias y riesgos en la ejecución y fiscalización del contrato, pero no establece que el puente terminado sea estructuralmente inseguro ni determina, por sí sola, una nueva fecha de entrega.

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