Una fuerte controversia generó en el ámbito político el avance en el Congreso de un proyecto de ley que permitiría conmutar, suspender o modificar penas a determinados condenados, iniciativa que fue aprobada en general en el Senado.
La propuesta fue ingresada por cinco senadores de oposición, entre ellos Rojo Edwards, Luciano Cruz-Coke y Luz Ebensperger, y fue respaldada en la sala con 23 votos a favor y 22 en contra.
El proyecto establece que podrían acceder al beneficio personas que cumplan ciertos requisitos, como padecer una enfermedad crónica que no pueda ser tratada adecuadamente en prisión, sufrir una enfermedad terminal, tener alguna discapacidad o ser mayores de 70 años cuya edad más los años cumplidos en prisión superen los 80.
Tras la aprobación en general, se fijó plazo hasta las 12:00 horas del lunes 9 de marzo para presentar indicaciones antes de continuar con la tramitación legislativa.
Debate por posibles beneficiarios
Entre los casos que se han mencionado como potenciales beneficiarios aparece María del Pilar Pérez, conocida como “La Quintrala”, condenada a cadena perpetua por homicidios. Pérez tiene actualmente 74 años y más de una década en prisión, por lo que cumpliría con uno de los requisitos considerados en la iniciativa.
El tema generó críticas desde el Gobierno. Durante la inauguración del nuevo eje Alameda-Providencia, el presidente Gabriel Boric cuestionó la aprobación del proyecto.
“Inevitablemente genera desencuentro lo que se aprobó ayer en general en el Senado. Chile ha avanzado mucho en materia de derechos humanos y de tener claro que los criminales tienen que estar donde deben estar, los criminales de lesa humanidad, pero también los pederastas y los asesinos”, afirmó.
El mandatario añadió que “la justicia no es venganza, la justicia es justicia”, y manifestó su expectativa de que el Congreso reflexione sobre los alcances de la iniciativa.
Preocupación del Ejecutivo
En la misma línea, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, expresó “profunda preocupación” por la tramitación del proyecto.
“Como gobierno venimos advirtiendo hace meses el peligro que significa el avance de este proyecto impulsado por la derecha, que busca abrirle las puertas de las cárceles a genocidas, parricidas, femicidas y homicidas”, señaló.
La secretaria de Estado agregó que se trata de una iniciativa que consideran cercana a la futura administración.
Argumentos de sus impulsores
Desde la oposición, uno de los autores del proyecto, el senador Rojo Edwards, defendió la propuesta señalando que busca abordar situaciones humanitarias.
“Cuando una persona tiene Alzheimer ni siquiera sabe por qué está en la cárcel. ¿Será bueno que esa persona muera en la cárcel? ¿Podrá morir con la condena en su casa con su familia?”, planteó.
El parlamentario sostuvo además que el debate debe considerar criterios de humanidad en los casos de personas con enfermedades terminales o condiciones de salud graves.
La discusión del proyecto continuará en el Senado una vez que se revisen las indicaciones que puedan presentarse antes del plazo establecido.
