Una denuncia ante la Contraloría General de la República fue presentada recientemente contra la futura subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, en relación con su desempeño en cargos de asesoría en el sector público.
Según informó Ciper, la acusación fue ingresada el pasado 24 de febrero y apunta a una eventual superposición de jornadas laborales mientras prestaba asesorías simultáneas en distintos organismos del Estado.
De acuerdo con los antecedentes, Garrido se desempeñó como asesora jurídica de la Subsecretaría de Salud Pública entre 2017 y diciembre de 2021, periodo en el que recibió una remuneración mensual que comenzó en $1,8 millones y llegó a cerca de $2 millones.
En paralelo, entre mayo de 2018 y diciembre de 2022, realizó asesorías para la entonces ministra de Transportes, Gloria Hutt, por las que percibía entre $2 millones y $2,6 millones mensuales.
A lo anterior se suma una asesoría realizada entre mayo y octubre de 2019 para la Subsecretaría de Telecomunicaciones, por la cual recibía $450 mil mensuales.
La denuncia señala que en diciembre de 2019, periodo en que coincidieron varias de estas asesorías, Garrido habría debido cumplir una jornada laboral equivalente a 17 horas diarias.
Eventual deuda con el fisco
La acusación también menciona un oficio que indica que la futura autoridad tendría una deuda con el fisco por licencias médicas no restituidas.
En el documento, emitido por el entonces subsecretario de Transportes, Cristóbal Pineda, se señala que al momento de su renuncia voluntaria Garrido mantenía 10 días hábiles de licencias médicas pendientes de restitución.
El oficio indica que, en resguardo del patrimonio fiscal, correspondía constituirla como deudora fiscal por un monto de $871.458.
El caso deberá ser revisado por la Contraloría, organismo que evaluará los antecedentes presentados en la denuncia.
