La Dirección del Trabajo (DT) de la región de Los Lagos sigue a la espera de los informes que debe evacuar la Armada y Fiscalía para ejecutar sanciones -si es que corresponden- contra los empleadores de las seis víctimas fatales que dejó el hundimiento del catamarán “Koñimo I”.
El seremi del Trabajo y Previsión Social, Jorge Moreno, advirtió que, si bien están en la etapa final, faltan documentos de organismos investigadores, según detalló biobiochile.
“Estamos esperando el informe de la autoridad marítima, y también el informe de la Fiscalía para poder determinar si existe o no una responsabilidad penal en los hechos. Una vez que tengamos esa información, la DT podrá ya emitir su informe final para poder determinar las eventuales responsabilidades”, detalló Moreno.
Recordemos que el “Koñimo I” naufragó la madrugada del 27 de enero en el Estuario del Reloncaví. A bordo había ocho hombres, de los cuales siete estaban contratados por la empresa “Agua Santa”, mientras que el octavo es empleado de la firma “Inversiones Proactiva LTDA”. Dos lograron llegar por sus propios medios a la orilla mientras que los otros perdieron la vida con el hundimiento.
Las víctimas fatales del naufragio fueron identificadas como Cristian Maldonado, Luis Figueroa, Marcos Zúñiga, Matías Reinier, Jorge Argel y Erwin Mansilla.
La embarcación sigue hundida a 40 metros de profundidad y se evalúa su reflotamiento.
La fiscal María Angélica de Miguel detalló que los cuerpos de las víctimas fueron encontrados al interior de la nave, lo que refuerza la hipótesis de que los tripulantes no lograron evacuar a tiempo debido a las condiciones generadas tras el hundimiento. En ese contexto, explicó que “cuando esta nave se hunde, las cosas que estaban en su interior se mueven todas de lugar y, obviamente, tiene que haber sido la consecuencia que no pudieran salir (los tripulantes)”, precisando además que los propios buzos enfrentaron dificultades para recuperar los cuerpos por el bloqueo de los accesos.
En tanto, la Armada le habría endosado la responsabilidad del reflotamiento a los dueños del catamarán, la empresa “KOÑIMO”, pero carecerían de recursos para ejecutar las maniobras, mientras que el Ministerio Público tampoco se ha pronunciado sobre este proceso.
