Por Jaime Sáez Quiroz — Analista estratégico, ex diputado Distrito 26
Una empresa puertomontina acaba de ganar el primer lugar en los Premios Iniciativas Sustentables 2025 de La Tercera. Se llama Biocambio, opera desde Puerto Montt, y su plataforma Bioescudo —basada en probióticos de alta precisión— logró reducir en 66% la mortalidad de alevines y smolts, acortar en 30 días los ciclos productivos, y disminuir la dependencia de baños químicos en pisciculturas. Menos toxicidad, más eficiencia, menos impacto en el ecosistema. Todo desde el sur de Chile, donde se produce la mayor parte del salmón que Chile exporta al mundo.
La noticia merece celebrarse, y en medio de tanto discurso facilista y polarizador, conviene reflexionar un poco más allá.
El Estado que mira hacia otro lado
La región de Los Lagos concentra más del 70% de la producción salmonicultora nacional. Sin embargo, las decisiones que moldean ese sector —de capital, de tecnología, de política pública— se toman sistemáticamente lejos del Seno de Reloncaví. Los grandes conglomerados salmonicultores, muchos de ellos con casa matriz en Oslo o Santiago, acceden con relativa facilidad a financiamiento, concesiones acuícolas y trato preferencial en la agenda regulatoria.
Las pymes biotecnológicas locales, en cambio, navegan solas.
No es casualidad. Es una elección de política pública.
El financiamiento estatal a la innovación en acuicultura está calibrado para la escala industrial. Los instrumentos de Corfo, los fondos de Subpesca, los incentivos tributarios vigentes y el financiamiento de la banca: todos tienden a favorecer a quienes ya tienen escala, espalda financiera y equipos dedicados a postular proyectos. Un emprendimiento como Biocambio puede ganar premios, pero difícilmente accede a los mismos beneficios que un conglomerado con área de innovación y abogados tributarios.
La agenda legislativa que abandona a las pymes
El gobierno ha impulsado una agenda regresiva que solo favorece al gran capital, en desmedro de las pymes que mueven al país. Mientras esa discusión ocupa el centro del debate legislativo, el proyecto de ley que crea la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo —AFIDE— lleva demasiado tiempo esperando urgencia.
AFIDE no es un instrumento menor. Chile es el único país de ingreso medio o alto que no cuenta con una agencia de este tipo. Su creación representa la oportunidad de reorganizar la arquitectura institucional del fomento productivo, poniendo en el centro a actores como Biocambio —innovadores locales, con arraigo territorial, con impacto ecosistémico medible— en lugar de seguir subsidiando indirectamente a quienes menos lo necesitan. La agencia nacería desde la actual Gerencia de Inversión y Financiamiento de Corfo, ampliando la variedad de instrumentos financieros disponibles para empresas de todos los tamaños, incluyendo fondos de capital de riesgo para startups y scaleups con alta intensidad tecnológica.
Dar urgencia a AFIDE debería ser prioridad. No hacerlo es una contradicción que el sur de Chile no puede seguir pagando.
El modelo que está esperando política pública
Biocambio no es solo una buena noticia. Es una demostración de que existe un modelo alternativo de acuicultura: más limpio, más local, más eficiente, más compatible con los ecosistemas en que opera. Un modelo que no requiere grandes concesiones ni expansión territorial agresiva, sino conocimiento del entorno, inversión en biotecnología y acceso a financiamiento adecuado.
Ese modelo no va a escalar solo. Necesita que el Estado decida apostar por él con la misma determinación con que históricamente ha apostado por los grandes operadores industriales.
La pregunta no es si Chile quiere una acuicultura más sustentable. Todos dicen que sí. La pregunta es si el Estado está dispuesto a cambiar quién recibe el apoyo. Biocambio ya demostró que puede. Ahora le toca al Congreso y al Ejecutivo demostrar que escuchan.
