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Pescadores artesanales denunciaron riesgos para el maritorio en Los Lagos y Aysén con la aprobación de la Ley de Reconstrucción Nacional

Pescadores artesanales denunciaron riesgos para el maritorio en Los Lagos y Aysén con la aprobación de la Ley de Reconstrucción Nacional

En Puerto Montt y a través de un comunicado, la Federación Prodelmar manifestó su profunda preocupación y rechazo ante la aprobación de la Ley de Reconstrucción Nacional. La organización, liderada por su presidente Luis Adue, acusa que la reforma consolida beneficios tributarios y regulatorios para grandes grupos económicos, afectando directamente a la pesca artesanal y comunidades de pueblos originarios.

La Federación Prodelmar, entidad que agrupa a organizaciones de pescadores, pescadoras artesanales y comunidades de pueblos originarios costeros del sur austral, alzó la voz frente a la normativa impulsada por el Gobierno. Según la multisectorial, el texto fue visado con un escaso debate legislativo y omitiendo los procesos de consulta a las comunidades que habitan el territorio marítimo.

El gremio liderado por Adue cuestionó severamente que las facilidades otorgadas a la industria no contemplen resguardos vinculantes para los trabajadores locales. Denuncian que, bajo promesas de empleo, el sector salmonero avanza aceleradamente hacia procesos de automatización y robótica, dejando en la incertidumbre a tripulantes, buzos y operarias de plantas.

Puntos críticos de la reforma: Microrelocalizaciones y omisión de la Ley Lafkenche

  • Eliminación de evaluación ambiental: Se rechaza la supresión de exigencias ambientales para las microrelocalizaciones de concesiones salmoneras en las regiones de Los Lagos y Aysén.
  • Vulneración del Convenio 169 de la OIT: Acusan que las medidas se aprobaron sin consulta indígena, afectando espacios costeros de uso consuetudinario amparados por la Ley Lafkenche.
  • Restricción de recursos judiciales: El documento denuncia la limitación de las herramientas legales disponibles para las comunidades y la postergación de la institucionalidad de biodiversidad y áreas protegidas.
  • Desplazamiento de caladeros históricos: Advierten que la flexibilización de los traslados de concesiones provocará la superposición con zonas de pesca artesanal y espacios marinos indígenas.
  • Exigencia de transparencia laboral: Emplazan al Gobierno y a la industria salmonera a transparentar las cifras reales de empleo directo e indirecto frente al avance tecnológico.

El presidente de la federación, Luis Adue, interpeló directamente a los legisladores de la zona austral del país, al señalar que ellos deben defender los intereses de las mayorías sociales y no actuar como gestores de intereses privados. Asimismo, exigió la apertura inmediata de un diálogo social amplio y vinculante para abordar la gobernanza marítima, el ordenamiento del maritorio y la coexistencia entre los actores del sector.

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