Una ampliación de querella presentada ante el Juzgado de Garantía de Castro acusa a la denominada Comunidad Cahuala con presencia en la Región de Los Lagos y otras zonas del país de operar como una estructura sectaria que captaba personas en situación de vulnerabilidad para someterlas a trata, explotación laboral y abusos sexuales durante décadas.
La acción fue interpuesta por dos exintegrantes, quienes detallaron que permanecieron 15 años en la organización trabajando en colegios, sociedades agrícolas, consultoras y centros terapéuticos sin recibir remuneración, además de sufrir aislamiento familiar, manipulación psicológica y control absoluto sobre su vida personal.
Se apuntó a Enrique Urrutia Aburto y su pareja María Alejandra Pinto Martínez, como líderes del movimiento.
El abogado querellante, Ignacio Zúñiga, señaló que, si bien los líderes de la organización estaban informados de la audiencia, no concurrieron debido a que las notificaciones aparecían registradas como incompletas.
“En términos sencillos los querellados estaban informados de la audiencia y la notificación sí se practicó, de hecho, por eso llegó el defensor a presentarse, aprovecharon que las notificaciones estaban reportadas como incompletas en el tribunal para no presentarse en el fondo”, sostuvo el abogado.
El jurista indicó que, desde su perspectiva, el avance hacia la formalización representa un paso sustancial para las pretensiones de sus representados dentro de una investigación que se encuentra en curso. “Nos parece un gran avance para esta causa, obviamente se van a hacer las respectivas solicitudes por los intervinientes, vamos a pedir medidas cautelares y la Fiscalía también”.
“Había un líder espiritual que definía todos los aspectos de la vida de las personas, desde la sexualidad hasta la relación con sus familias, parejas, reproducción y trabajo. Dentro de ese contexto, es el ABC de lo que es una secta”, aseguró.
El profesional precisó que representa a un matrimonio y a la hija de ambos, quienes actualmente se encuentran radicados en España tras abandonar la comunidad.
La querella en contra de los líderes de la comunidad fue declarada admisible por el tribunal el 5 de diciembre de 2019.
El documento expuso antecedentes sobre la historia de la agrupación, instalada desde hace más de 30 años en el sector rural de Cahuala, en la comuna de Chonchi.
Según el escrito, sus integrantes han convivido como una comunidad, compartiendo alojamiento, ingresos y actividades bajo una estructura social rígida y jerárquica, dirigida principalmente por una persona denominada “El Jefe”.
La querella sostiene que la forma de funcionamiento de la organización sería contraria al ordenamiento jurídico nacional.
“En su existencia de forma diaria vulneran no solo derechos fundamentales, sino que también se actúa de forma contraria a los derechos del niño, a la normativa legal vigente y cometiéndose diversas infracciones a la normativa penal, laboral, civil y económica del país (…) esta comunidad cumple a cabalidad con todos los elementos propios de una estructura sectaria”, señala el documento.
La comunidad se presenta como un grupo de personas que vive en conjunto y desarrolla distintas actividades profesionales y económicas.
El abogado defensor, Juan Cristóbal Grünwaldt, quien estuvo presente en la audiencia que no pudo desarrollarse, declinó profundizar sobre el caso, al argumentar que no contaba con mayores antecedentes.
El profesional quedó a la espera de la nueva audiencia, instancia en la que deberían comparecer sus representados.
La investigación también recogió antecedentes sobre muertes de menores en circunstancias extrañas y entierros irregulares en terrenos de la comunidad.
La audiencia de formalización fue postergada hasta el 2 de septiembre, mientras se solicita monitoreo migratorio para evitar fuga de los imputados.
