Calbuco. El ex alcalde Francisco Calbucoy (Ind.) presentó un recurso de reclamación ante el Tribunal Electoral Regional (TER) con el objetivo de destituir al actual jefe comunal, Marco Silva Maldonado (Ind.), por supuesta inhabilidad para ejercer el cargo.
Calbucoy, quien lideró el municipio entre 2021 y 2024, argumenta que Silva no debió postularse en las últimas elecciones municipales, ya que habría sido destituido en 2022 tras un sumario administrativo, según antecedentes de la Tesorería General de la República. Dicha destitución implicaría una inhabilidad de cinco años, vigente hasta el 3 de agosto de 2027.
La acción legal, ingresada el 10 de octubre y contenida en 17 páginas, solicita que el tribunal revoque la sentencia que proclamó a Silva y que, en su lugar, se proclame como alcalde a quien obtuvo el segundo lugar: el propio Calbucoy. De manera subsidiaria, pide que se declare a Silva inhábil para continuar ejerciendo el cargo. El ex edil es representado por el abogado Mauricio Barría.
En su presentación, Calbucoy acusa a Silva de “burlar al sistema electoral y a la fe pública”, calificando la situación como una “gravísima falta a la probidad administrativa”.
Consultado sobre el tiempo transcurrido desde los comicios, Calbucoy explicó que inicialmente no solicitó antecedentes de sus contrincantes porque asumió que “todos participamos de buena fe”. Sin embargo, indicó que tras recibir una acusación “infundada” por parte de Silva, comenzó a reunir información, la que presentó ante el TER a inicios de octubre.
La causa quedó registrada bajo el Rol 87-2025, con la carátula “Requerimiento de inhabilidad contra alcalde de Calbuco, Marco Silva Maldonado”. Entre las diligencias solicitadas, Calbucoy pide que la Contraloría informe si la sanción de Silva fue incorporada al sistema de inhabilidades y que se investiguen aspectos relacionados con una licencia médica y un viaje al extranjero posterior a la sanción.
El ex alcalde sostiene que su sucesor incurrió en falta de probidad al no informar al Concejo Municipal sobre su situación, como exige la normativa vigente. El Tribunal Electoral Regional deberá ahora pronunciarse respecto al requerimiento.


