El presidente estadounidense adelantó que su Gobierno prepara operativos terrestres para frenar el tráfico de drogas desde Venezuela, ampliando la ofensiva marítima desarrollada en los últimos meses. La Casa Blanca insiste en que se trata de una campaña de seguridad, mientras crecen las dudas en el Congreso sobre su alcance legal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que su administración se está preparando para intensificar las medidas contra las redes de narcotráfico que operan desde Venezuela. Durante una comunicación con miembros de las Fuerzas Armadas por el Día de Acción de Gracias, afirmó que, tras limitar los envíos por mar, el Gobierno iniciará operativos terrestres “muy pronto”. Según Trump, los carteles venezolanos “ya no quieren transportar por mar”, por lo que su país comenzará a detenerlos por tierra como parte de una estrategia más amplia: “Les advertimos: dejen de enviar veneno a nuestro país”.
Las declaraciones se producen en medio de la denominada “Operación Lanza del Sur”, que ha desplegado más de una docena de buques de guerra y cerca de 15.000 soldados estadounidenses en la región. En este contexto, EE.UU. ha atribuido más de 80 muertes a ataques contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico. A la par, la Casa Blanca evalúa designar al llamado “Cártel de los Soles” como organización terrorista, lo que permitiría imponer nuevas sanciones dirigidas a bienes e infraestructura asociados al Gobierno de Nicolás Maduro, aunque expertos aclaran que esto no autoriza el uso de fuerza letal en territorio venezolano.
Pese a la retórica de la Casa Blanca, funcionarios del Gobierno estadounidense informaron recientemente al Congreso que no existe, por ahora, una justificación legal para ejecutar ataques dentro de Venezuela. Según reveló CNN, la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia solo ha respaldado acciones contra embarcaciones sospechosas, descartando operaciones terrestres dentro del país sudamericano. Legisladores advirtieron, además, que el Ejecutivo ha evitado involucrar al Congreso en la expansión de su campaña militar en América Latina.
Aunque funcionarios no descartan acciones futuras, el Departamento de Justicia sostiene que las fuerzas armadas pueden continuar realizando ataques contra presuntos narcotraficantes sin aprobación legislativa, pese a las disposiciones de la Ley de Poderes de Guerra. El escenario mantiene abierta la tensión entre la intención política del Gobierno y los límites legales definidos por el Congreso.
