Carlos Montes aclaró que los residentes de la toma deberán aportar al proyecto habitacional y al fondo de urbanización, mientras los propietarios anunciaron acciones judiciales contra el Estado.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, respondió a las críticas por la decisión del Gobierno de expropiar el terreno donde se emplaza la mega toma de San Antonio, pese a las órdenes judiciales de desalojo. Según indicó, la medida busca viabilizar un proyecto habitacional y urbanizar el sector, subrayando que los ocupantes “se comprometen a pagar el equivalente al valor del terreno” mediante un fondo destinado a financiar accesos, regularización del loteo y obras básicas.
Montes rechazó que los recursos para la expropiación provengan de proyectos no ejecutados, afirmando que se trata de reasignaciones habituales dentro del presupuesto del Serviu. Atribuyó los retrasos en iniciativas de asentamientos precarios a cambios normativos que demoraron meses en tramitarse, lo que obligó a redistribuir fondos entre distintas regiones según su avance.
Respecto a los dueños del predio, el ministro señaló que el Gobierno buscó inicialmente una “expropiación concordada”, pero al no existir acuerdo se aplicó el mecanismo legal correspondiente. Los propietarios anunciaron acciones judiciales contra el Estado, mientras continúa el proceso para formalizar el Fondo de Urbanización que deberán financiar los actuales ocupantes.
