El Juzgado de Garantía de Puerto Montt decretó la medida cautelar más gravosa para los funcionarios imputados por delitos de cohecho, asociación criminal, lavado de activos y tráfico de drogas.
En prisión preventiva quedaron siete gendarmes imputados por integrar una red de corrupción que operaba al interior del Centro Penitenciario de Alto Bonito, en Puerto Montt. La resolución fue adoptada por el juez Rolando Díaz, de la sala dos del Juzgado de Garantía, durante la segunda jornada de la audiencia de formalización realizada este jueves.
Los funcionarios fueron formalizados por los delitos de cohecho, soborno, asociación criminal, lavado de activos y por infracción a la Ley 20.000 de drogas. Según lo dispuesto por el tribunal, los imputados cumplirán la medida cautelar en el Centro Penitenciario de Valdivia.
En el mismo procedimiento, el juez decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional para la imputada civil Marcela Moreno. Esta decisión fue objetada por la fiscal del caso, Nathalie Yonsson, quien anunció una apelación verbal para que sea revisada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.
El magistrado fijó además un plazo de 200 días para el cierre de la investigación, periodo en el que el Ministerio Público continuará desarrollando diligencias para esclarecer el alcance de la red y las responsabilidades penales de los involucrados.
