«Lo que se licitó como una obra emblemática para Osorno resultó ser un engaño administrativo sin precedentes. La Municipalidad de Osorno no solo adjudicó un proyecto basado en un permiso de edificación caduco hace años, sino que entregó diseños estructurales tan deficientes que, de haberse terminado según el diseño original, habrían condenado al edificio al colapso inminente, poniendo en riesgo la vida de cientos de estudiantes, docentes y asistentes de la educación, por pilares y estructura que desafía toda norma sísmica básica.»
«Mientras la Constructora Baker agotaba su patrimonio personal para salvar una obra inviable, el municipio respondía con silencios de hasta dos años y ‘proyectistas fantasmas’ que firmaban soluciones ilegales. Hoy, la demanda de nulidad por más de 45 mil millones de pesos expone una trama de negligencia y presunta corrupción que terminó con una empresa de 24 años de trayectoria en la ruina y con un sobrecosto fiscal que quintuplica el valor original de los trabajos pendientes.»
El Relato del Caso: Crónica de un Desastre Anunciado
- El Engaño del «Permiso Caduco»: La historia comienza con una falsedad administrativa ideológica. La Municipalidad de Osorno contestó formalmente que contaba con permiso de edificación vigente para licitar la reposición del Liceo. Sin embargo, la realidad era otra: los permisos habían caducado en diciembre de 2017, tres años antes de que se pusiera la primera piedra. Este vicio de origen, ocultado dolosamente según la demandante, invalidaba legalmente cualquier avance desde el día uno.
- Una Trampa para los Alumnos: El «Caso Pilares»: Lo más aterrador del expediente es el riesgo humano. La constructora detectó que los pilares diseñados para sostener el edificio de tres niveles eran de una «esbeltez extrema»: cilindros de 10.8 metros de alto por solo 20 cm de diámetro. Informes de expertos externos contratados por BAKER confirmaron que la estructura no cumplía con las normas sísmicas y estaba propensa al pandeo o desplome bajo cargas normales. Ante la alerta de la constructora, el municipio tardó 26 meses en enviar una «solución» que consistía en picar los pilares ya construidos, agravando el riesgo de colapso.
- Negligencia o corrupción Administrativa y Profesionales «Fantasmas»: La demanda revela una «ola de irregularidades» en la supervisión técnica. Se detectó que las modificaciones estructurales fueron firmadas por profesionales que no tenían responsabilidad legal sobre el proyecto, reemplazando ilegalmente al calculista original. Además, se designaron Inspectores Técnicos de Obra (ITO) que ni siquiera estaban vigentes en el registro nacional del MINVU, actuando como «juez y parte» en la aprobación de trabajos mal diseñados.
- El «Golpe de Gracia» Financiero y la Liquidación Abusiva: La constructora Baker no solo debió costear de su bolsillo rediseños y expertos para subsanar los errores municipales, sino que enfrentó un alza del 300% en materiales durante la pandemia sin compensación alguna. Cuando la empresa ya no pudo sostener la asfixia financiera, el municipio invocó una «paralización injustificada» que la demanda califica de falsa: Baker había retomado faenas tras acuerdos con las propias autoridades.
- El Despilfarro de Recursos Públicos: Tras terminar el contrato a Baker, el municipio y el GORE adjudicaron el 25% o 30% de la obra restante por un monto de $15.889 millones, una cifra que casi quintuplica el valor original de lo pendiente y duplica el presupuesto total del contrato original. Este hecho es presentado como la prueba final de que el objetivo del término anticipado fue encubrir las negligencias previas, sacrificando el erario público y la estabilidad de una empresa nacional.
- Colapso de la Empresa: La liquidación irregular impidió el cobro de avances reales, gatillando demandas ejecutivas de bancos (Itaú, Santander, Chile) y factoring, lo que destruyó la solvencia y reputación de 25 años de trayectoria
- Indemnizaciones: El monto demandado como indemnización de perjuicios por constructora BAKER y su propietario Jaime Ramírez, asciende a más de $45 mil millones
Por el Abogado Marcos Velázquez.
