El TDLC acogió a tramitación una demanda contra la Municipalidad de Puerto Montt y la concesionaria del terminal por el reajuste del 75% en la tarifa de uso de losa. Organizaciones de usuarios aseguran que el impacto en los pasajes es mínimo y llaman a no traspasar el costo a los pasajeros.
El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia acogió a tramitación una demanda presentada por un grupo de empresas de buses en contra de la Municipalidad de Puerto Montt y la concesionaria del Terminal de Buses, Inmobiliaria del Pacífico S.A. (IPSA), a raíz del reajuste del 75% en la tarifa de uso de losa anunciado para el año 2026.
La acción judicial, ingresada bajo el Rol N° 544-26, cuestiona el acuerdo alcanzado entre el municipio y la concesionaria para regularizar multas e ingresos pendientes, argumentando que el aumento tarifario podría generar efectos anticompetitivos y eventualmente impactar en el precio de los pasajes.
Sin embargo, desde la Agrupación de Usuarios del Transporte Público de la Provincia de Llanquihue manifestaron un rechazo categórico a la ofensiva legal, advirtiendo que no aceptarán que esta demanda sea utilizada como argumento para justificar futuras alzas injustificadas en los boletos.
La organización recordó que la tarifa de uso de losa se mantuvo congelada por más de 20 años, dejando a Puerto Montt muy por debajo de los valores aplicados en terminales de ciudades comparables como Osorno y Valdivia, situación que —afirman— contribuyó directamente al deterioro del recinto.
Según antecedentes entregados por el propio municipio, el impacto real del reajuste en recorridos de mayor kilometraje se traduciría en apenas algunas decenas de pesos por pasaje, descartando un efecto significativo para los usuarios.
En ese contexto, el presidente de la agrupación, Jordi Valenzuela Muñoz, señaló que “llama la atención que empresas que cuentan con recursos para litigar ante el TDLC y contratar estudios jurídicos de Vitacura intenten instalar la idea de que un ajuste de este nivel pone en riesgo su operación o justificaría un alza en los pasajes”.
Agregó que “si alguna empresa decide traspasar este costo de manera desproporcionada a los usuarios, no será por el valor del uso de la losa, sino por una decisión empresarial que nada tiene que ver con la protección de los pasajeros”.
Desde la agrupación enfatizaron que su postura es estrictamente pro-usuario y que cualquier actualización tarifaria debe ir acompañada de mejoras reales y verificables en seguridad, limpieza, orden e información al interior del terminal, junto con una fiscalización activa por parte del municipio.
Cabe consignar que el reajuste fue aprobado por unanimidad del Concejo Municipal de Puerto Montt. En esa línea, la concejala Bárbara Cáceres sostuvo que “la medida se ajusta a la ordenanza vigente y responde a la urgencia de realizar mejoras que no pueden seguir postergándose”, advirtiendo que “mantener tarifas de hace más de dos décadas solo perpetúa el deterioro del terminal y perjudica a la ciudad y a sus usuarios”.
Finalmente, el TDLC rechazó la medida cautelar solicitada por las empresas para suspender el cobro del reajuste mientras se tramita la causa.
