Una reciente investigación de la Contraloría General de la República ha puesto el foco sobre la Municipalidad de Osorno, tras identificar a 14 personas con cargos fiscales que figuran en los registros de recintos de juego, pese a las estrictas prohibiciones legales que pesan sobre quienes administran fondos públicos al igual que los 16 funcionarios de la Municipalidad de Puerto Montt.
Entre los hallazgos existe un alto funcionario administrativo, el que tras una revisión de registros fotográficos públicos del casino local, el directivo ha sido avistado dentro de las dependencias del recinto.
Si bien es necesario precisar que en los registros visuales no se observa al directivo realizando apuestas de forma explícita —acto que constituye la prohibición legal propiamente tal—, su presencia en el lugar ha encendido las alarmas sobre la señal ética que se entrega a la ciudadanía.
Recordemos que la normativa chilena es estricta respecto a la relación entre custodios de dinero estatal y los juegos de azar. El fundamento se basa en:
Ley de Casinos N° 19.995 (Art. 10°, letra B): Prohíbe formalmente apostar a los funcionarios públicos y municipales que, por la naturaleza de sus cargos, tengan bajo su responsabilidad la custodia o administración de fondos públicos.
Jurisprudencia Reciente: Durante 2025 y lo que va de 2026, la Contraloría ha endurecido su postura, derivando antecedentes al Ministerio Público en casos donde directivos municipales fueron sorprendidos apostando, reforzando la probidad administrativa como eje central de la gestión pública.
Aunque la ley permite el ingreso físico a los recintos (prohibiendo estrictamente la acción de apostar), la permanencia de un administrador de finanzas municipales en un casino genera una zona gris.
