Por Katerine Hernández Pereira,Periodista Radio Cooperativa
Cada 11 de julio acostumbramos a saludar a quienes ejercen el periodismo. Recibimos mensajes, reconocimientos y palabras de agradecimiento. Sin embargo, este año la fecha encuentra a nuestra profesión enfrentando una pregunta mucho más relevante que cualquier saludo protocolar:
¿Cuánto está costando hoy hacer preguntas incómodas?
La interrogante no es exagerada.
Durante los últimos meses hemos sido testigos de hechos que, observados de manera aislada, podrían parecer episodios distintos. Pero cuando se conectan, revelan una realidad inquietante.
A fines de 2025, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la solicitud de la Fiscalía que buscaba acceder a información telefónica de periodistas vinculados a publicaciones relacionadas con el denominado caso Hermosilla. El tribunal calificó la diligencia como una medida intrusiva respecto de profesionales que solo tenían la calidad de terceros o testigos.
La noticia tuvo amplia cobertura durante algunos días y luego desapareció del debate público.
Pero vale la pena detenerse un momento.
Porque detrás de esa resolución existía una pregunta mucho más profunda que un procedimiento judicial: ¿es legítimo intentar conocer las comunicaciones de periodistas para descubrir el origen de filtraciones de interés público?
La respuesta de los tribunales fue negativa.
Y eso importa.
Importa porque una fuente protegida no es un beneficio para los periodistas. Es una garantía para la ciudadanía.
Las investigaciones que han destapado corrupción, abusos de poder o irregularidades no nacen por generación espontánea. Nacen porque alguien decide hablar: un funcionario, un trabajador, un testigo o una persona que confía en que revelar información relevante no significará exponerse a represalias.
Sin esa confianza, el silencio gana terreno.
Y cuando el silencio gana terreno, pierde la democracia.
Poco tiempo después, Chile volvió a recibir una señal que remeció al mundo de las comunicaciones. Un exjuez y un exjefe de inteligencia militar fueron condenados por el espionaje ilegal realizado contra el periodista Mauricio Weibel mientras investigaba casos de corrupción al interior del Ejército. La sentencia acreditó una operación de interceptación telefónica fraudulenta ejecutada cuando el reportero desarrollaba investigaciones vinculadas al denominado Milicogate.
No estamos hablando de una película sobre regímenes autoritarios.
Estamos hablando de Chile.
Estamos hablando de un periodista que fue vigilado por investigar.
Y aunque los responsables hayan sido condenados, el hecho deja una pregunta imposible de ignorar:
¿Qué mensaje recibe una sociedad cuando quienes investigan al poder terminan siendo objeto de espionaje?
Las señales tampoco son alentadoras fuera de nuestras fronteras.
La Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras concluyó que la libertad de prensa atraviesa uno de sus momentos más complejos de las últimas décadas. Más de la mitad de los países evaluados se encuentran en condiciones consideradas difíciles o muy graves para el ejercicio del periodismo.
Lo preocupante es que la amenaza actual no siempre se presenta mediante censura directa.
A veces adopta formas más sofisticadas:
Demandas destinadas a agotar económicamente a medios de comunicación.
Campañas digitales de hostigamiento.
Desprestigio sistemático de periodistas.
Presiones para revelar fuentes.
Intentos por desacreditar la información atacando a quien la publica.
En otras palabras, ya no siempre se busca impedir que una noticia aparezca.
A veces basta con generar suficiente temor para que nadie quiera investigarla.
Y quizás ahí radica el gran desafío de nuestra época.
Porque vivimos en un tiempo donde nunca había existido tanta información disponible y, paradójicamente, nunca había sido tan difícil distinguir los hechos de la manipulación.
La velocidad premia la reacción. Las redes premian la indignación. Los algoritmos premian la confrontación.
El periodismo, en cambio, sigue dependiendo de algo mucho más lento: verificar.
Y verificar exige tiempo, criterio, contexto y responsabilidad.
Por eso resulta preocupante observar cómo crece la desconfianza hacia los medios precisamente en momentos en que la desinformación se expande con mayor rapidez.
Desde las regiones conocemos bien ese fenómeno.
Sabemos que muchas veces las historias más importantes no ocurren en La Moneda ni en el Congreso. Ocurren en una posta rural, en una escuela apartada, en una caleta de pescadores o en una comunidad que intenta hacerse escuchar.
Allí el periodismo sigue cumpliendo la misma función de siempre: conectar a las personas con la verdad de los hechos.
No para agradar al poder.
No para satisfacer intereses particulares.
Sino para que la ciudadanía pueda tomar decisiones informadas.
Porque el día que los periodistas tengan miedo de preguntar, otros perderán el derecho a saber.
