El pasado 25 de junio, diputados del Partido Nacional Libertario (PNL), Republicanos (REP) y Renovación Nacional (RN) ingresaron al Congreso una moción para modificar el artículo 119 del Código Sanitario, que regula el aborto en Chile. La iniciativa fue registrada bajo el Boletín 18419-11 y lleva por título “Escucha su corazón”.
Principales lineamientos del proyecto
Requisito de escucha: Se establece que, antes de acceder a la interrupción del embarazo, la mujer o niña deberá escuchar los latidos del embrión o feto, siempre que estos sean detectables según la edad gestacional.
Deber médico: El médico cirujano deberá informar sobre la actividad cardíaca y ofrecer la oportunidad de escucharla.
Condición obligatoria: Aunque el texto señala que la mujer puede “declinar libremente” el ofrecimiento, también instruye que, si lo hace, el médico deberá negarse a practicar el aborto. En la práctica, la aceptación del ofrecimiento se convierte en requisito para acceder a la intervención.
Excepción: El proyecto excluye la causal de riesgo vital de la madre, cuando la interrupción deba practicarse de manera inmediata e impostergable.
Registro clínico: Se deberá dejar constancia escrita en la ficha médica de la oferta realizada y de la decisión de la mujer.
Contexto legal actual
En Chile, el aborto solo está permitido en tres causales:
Riesgo vital de la madre.
Patología congénita o genética letal del embrión o feto.
Violación, dentro de plazos de 12 semanas de gestación (14 semanas si la víctima es menor de 14 años).
Con la redacción propuesta, las causales 2 y 3 quedarían condicionadas a la aceptación de escuchar los latidos.
Los autores citaron como precedentes leyes de estados de EE.UU. como Kentucky, Texas, Arizona, Georgia y Misisipi, donde se exige que el médico haga audible el latido cardíaco y muestre la ecografía antes de la intervención.
Destacar que el proyecto fue presentado por: Cristóbal Urruticoechea (PNL) – autor principal, Chiara Barchiesi (REP), Catalina Del Real (REP), Álvaro Jofré (PNL), Ximena Ossandón (RN) y Claudia Reyes (REP)
Este proyecto ha generado debate en torno a su impacto en el acceso a la interrupción del embarazo bajo las causales vigentes, al introducir un nuevo requisito obligatorio.
