El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos, Álvaro Mesa Latorre, tomó nuevas declaraciones en dos investigaciones por hechos ocurridos durante la dictadura militar en la provincia de Osorno, región de Los Lagos.
Las diligencias, desarrolladas en el Juzgado de Garantía de Osorno, avanzan en un caso de secuestro calificado en Puerto Octay y en otro de apremios ilegítimos, ambos con víctimas de la represión estatal entre 1973 y 1974.
La causa de mayor gravedad corresponde al delito de secuestro calificado presentado por Benedicto San Martín. Según la denuncia, en enero de 1974 su padre fue detenido por funcionarios de Carabineros tras una serie de amenazas ocurridas en Puerto Octay. De acuerdo con el relato, la víctima fue trasladada desde el retén de Las Cascadas al retén de Puerto Octay, donde habría sido golpeada, perdiéndose posteriormente su rastro hasta la actualidad.
El secuestro calificado es la figura penal que el sistema judicial chileno aplica a las desapariciones forzadas cuyo desenlace permanece sin esclarecer.
El caso de secuestro calificado en Puerto Octay
El proceso indaga una detención que sigue el patrón documentado de la represión en la zona: aprehensión por parte de agentes del Estado, traslado entre recintos policiales y pérdida definitiva del rastro de la persona detenida. La denuncia de San Martín busca establecer la responsabilidad penal de los involucrados y, sobre todo, determinar el paradero de la víctima más de cinco décadas después de su desaparición.
Investigaciones académicas sobre la búsqueda de detenidos desaparecidos en Osorno durante el período 1973-1990 han documentado casos con dinámicas similares en las comunas de la provincia, en los que familiares acudieron reiteradamente a los recintos policiales sin obtener respuesta sobre el destino de sus seres queridos.
La causa por apremios ilegítimos en la provincia de Osorno
La segunda investigación tiene como denunciante a José Millán Huanque, quien relató que a fines de septiembre de 1973 fue detenido en su domicilio, en la provincia de Osorno, por dos carabineros y tres civiles. Según su testimonio, fue trasladado junto a su sobrino y otros detenidos al retén de Quilacahuín, donde permaneció durante cuatro días y habría sido víctima de apremios ilegítimos.
El ministro Mesa ejerce como magistrado en visita extraordinaria para las causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones de Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, un rol que concentra en la justicia ordinaria la investigación de estos hechos. El avance de ambas causas en Osorno se inscribe en el proceso de búsqueda de verdad y justicia que, a más de cincuenta años del golpe de Estado, continúa abierto en los tribunales del sur del país, donde numerosos episodios de la represión permanecen sin resolución judicial definitiva.
