La familia de pobladores históricos del sector Bahía Toninas presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt para detener la demolición de su hogar en la comuna de Chaitén.
El desalojo del predio fue instruido directamente por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, para dar paso a un proyecto habitacional del comité Pellu Weche.
César Barría Gutiérrez e Ida Gutiérrez García, presentaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, para impedir el desalojo ordenando por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje. Acusan que la medida del Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) de Los Lagos es un acto de «autotutela» ilegal y arbitrario.
Este conflicto territorial en Chaitén es sobre un terreno en disputa que abarca 4,33 hectáreas en el sector de Piedra Blanca o Bahía Toninas. La familia ocupa dicho predio, según ellos, de forma continua desde el año 1905.
Actualmente, mantienen un expediente de regularización de títulos vigente ante el Ministerio de Bienes Nacionales desde 2002.
Pese a esto, el ministro Iván Poduje ordenó la restitución administrativa del inmueble fiscal. Posteriormente, el Seremi de Vivienda de Los Lagos, Mario Marchant, ratificó públicamente que el operativo con fuerza pública se ejecutaría de forma inminente antes del cierre del mes de agosto de 2026.
Los argumentos de la defensa jurídica
Los abogados de la familia solicitan una orden de no innovar urgente para paralizar el uso de maquinaria pesada. El recurso judicial denuncia cuatro ilegalidades principales:
Desalojo prohibido por ley: La Ley 19.776 prohíbe desalojar predios con solicitudes de regularización pendientes.
Falta de facultades del SERVIU: El servicio público no posee la potestad para desalojar por sí mismo sin un juicio previo.
Ausencia de fundamentos: La orden de desalojo carece de número de oficio y de un estudio técnico real sobre el terreno.
Contradicción de la autoridad: Seis días antes de la notificación, la Delegación Provincial había declarado suspendida la medida.
Precedente de la Corte Suprema
La acción legal recuerda que la Corte Suprema ya falló a favor de esta misma familia en el año 2015 frente a un intento de desalojo idéntico. En aquella oportunidad, el máximo tribunal determinó que la acción estatal vulneraba la igualdad ante la ley.
El caso abre un duro debate sobre los límites de las órdenes ministeriales frente a los derechos de ocupantes centenarios en zonas aisladas.
