El jefe de gabinete de la casa edilicia, Hernán Osses, aseguró que pondrán los antecedentes a disposición del tribunal para respaldar el contexto de la emergencia. En tanto, desde la comandancia institucional, Roberto Angulo confirmó que se acatará la sanción y descartó una queja formal, pese a criticar la falta de flexibilidad del fiscalizador tras un combate contra el fuego.
Una profunda controversia que reabrió el debate sobre el uso del criterio, el «criteriómetro» y los límites de la fiscalización pública se desató en la capital de la Región de Los Lagos.
Esto, luego de que un inspector de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato (DIMAO) de la Municipalidad de Puerto Montt cursara una infracción de tránsito a un vehículo de un voluntario de Bomberos, que se encontraba estacionada momentáneamente sobre un área verde en las afueras del cuartel, desatando una polvareda que obligó a ambas instituciones a fijar posturas públicas.
El hecho caló hondo en la administración local, que debió salir rápidamente a contener el impacto reputacional y tensiones institucionales. Desde el municipio, el jefe de gabinete, Hernán Osses, manifestó el lamento de la corporación por el episodio. Argumentó que existe una relación histórica y de constante colaboración con los voluntarios, la cual se tradujo recientemente en la aprobación unánime de las subvenciones financieras para el periodo 2025.
Sin embargo, Osses fue tajante en advertir que la alcaldía se encuentra de manos atadas en lo legal para borrar el parte de forma directa:
Por el lado de los afectados, la historia detrás de la infracción revela las complejas dinámicas operativas que enfrentan los equipos de emergencia en zonas urbanas congestionadas. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt, Roberto Angulo, relató que el incidente se originó justo cuando los voluntarios regresaban de combatir un incendio estructural de proporciones.
Al retornar al cuartel para realizar las labores de «reacondicionamiento» —que incluyen la limpieza de material pesado, enrollado de mangueras y lavado de herramientas contra el fuego—, los carros mayores coparon por completo el frontis del recinto. Esto obligó a dejar los automóviles particulares de los 17 bomberos que asistieron a la emergencia estacionados de forma provisoria en las inmediaciones peatonales. El oficial a cargo intentó explicarle la situación de fuerza mayor al fiscalizador de la DIMAO, pero se encontró con una muralla burocrática.
Pese al malestar que generó la nula flexibilidad del funcionario municipal frente a quienes venían de arriesgar sus vidas, la comandancia de Puerto Montt optó por el camino institucional. Lejos de iniciar una guerra de declaraciones o escalar el conflicto a nivel político con el alcalde, la institución de rescate decidió acatar los conductos regulares y dirimir el conflicto directamente ante el juez de policía local.
En esa línea, el comandante Roberto Angulo descartó de plano cualquier tipo de represalia administrativa o judicial en contra del municipio.
El caso de Puerto Montt vuelve a poner sobre la mesa la permanente tensión urbana entre la aplicación rigurosa de las ordenanzas de tránsito —mecanismo que los municipios defienden para garantizar la seguridad de peatones y personas con movilidad reducida— y la necesaria elasticidad que requieren los servicios de emergencia al operar en los saturados cascos históricos de las ciudades chilenas.
