Mientras el municipio califica la salida de Sergio Barría como un «retiro voluntario» y destaca su gestión, el concejal Sebastián Almonacid asegura que se trata de un «lavado de imagen» tras denunciar el uso de recursos públicos para fines particulares.
La Municipalidad de Puerto Montt confirmó la renuncia voluntaria de su director de Concesiones, Sergio Barría Matus. A través de una declaración pública y un comunicado en video, por parte del administrador municipal, Fernando Orellana, donde la administración local lamentó la decisión y realizó un balance positivo de su gestión, destacando hitos como la resolución de la controversia del Terminal de Buses tras 12 años de tramitación, la modernización de los parquímetros y la implementación de sistemas de electromovilidad en la comuna.
Sin embargo, la salida del directivo no ha estado exenta de controversia. El concejal Sebastián Almonacid (PS) reveló que esta dimisión ocurre justo después de que él presentara dos denuncias formales ante la alcaldía y la dirección jurídica del municipio, acusando a Barría de graves faltas a la probidad administrativa.
Las acusaciones de fiscalización
De acuerdo con lo expresado por Almonacid, la primera alerta se levantó hace dos semanas al detectarse que un camión de comida (food truck), perteneciente a un funcionario dependiente de Barría, fue trasladado a un recinto municipal para recibir reparaciones por parte de un auxiliar en horario laboral.
A esto se sumó una segunda denuncia interpuesta el pasado viernes. El concejal afirmó poseer antecedentes notariados y respaldos de redes sociales que demuestran que una empresa —en la cual Barría poseía el 50% de las acciones— realizó actividades publicitarias y regaló hamburguesas en el Estadio Chinquihue durante agosto de 2025, periodo en el que ya ejercía como director suplente. Según el marco legal vigente, un funcionario público tiene estrictamente prohibido utilizar dependencias que administra para el beneficio de sus actividades comerciales privadas.
¿Salida voluntaria o «puerta ancha»?
Frente al tono de agradecimiento empleado por la casa edilicia, Almonacid criticó con dureza el actuar institucional, catalogándolo como un «lavado de imagen» poco transparente para la ciudadanía. A juicio del fiscalizador, los hechos descritos ameritaban iniciar un proceso de destitución formal que conllevara una inhabilidad de cinco años para ejercer cargos públicos, en lugar de aceptar una salida conveniente.
El concejal informó que ha solicitado formalmente al municipio derivar la totalidad de estos antecedentes a la Contraloría General de la República para que se determinen las responsabilidades administrativas correspondientes.
