Miguel Ángel Gómez Quijada, quien cumple más de 40 años en el servicio público, acusa una falta de fundamentación específica en la medida cautelar y descarta que su testimonio obligatorio —el cual fue previamente informado a la autoridad— configure una acción en contra de los intereses municipales.
El secretario Municipal de Puerto Montt, Miguel Ángel Gómez Quijada, emitió hoy una declaración pública tras ser notificado de su suspensión preventiva del cargo, dictada el pasado 16 de septiembre mediante el Decreto de Fiscalía N° 02. La medida se enmarca en un sumario administrativo originado por su comparecencia como testigo en una causa laboral que involucra al municipio.
Gómez Quijada, quien posee una trayectoria de más de 40 años en el servicio público, calificó la medida como carente de «fundamentación específica» [2] y descartó que su permanencia en el puesto ponga en riesgo el éxito de la investigación administrativa.
Los puntos medulares de la defensa institucional:
El funcionario aclaró que su comparecencia ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt —registrada el 9 de junio de 2026— no fue voluntaria, sino que respondió a una citación judicial obligatoria en calidad de testigo.
La defensa argumentó que se dio cumplimiento al artículo 82 letra d) de la Ley N° 18.883, informando formalmente a las autoridades municipales sobre la citación antes de testificar. Aseguró no ser parte del juicio ni poseer intereses personales en el litigio.
Respecto al certificado investigado en el sumario, indicó que este se limitó a constatar un hecho objetivo: el registro de fechas en que la persona demandante prestó servicios para la casa edilicia.
Gómez apuntó que la suspensión fue decretada cuando el juicio laboral ya había terminado y su testimonio estaba rendido. Por este motivo, acusó que el decreto invoca generalidades sobre la «gravedad de los hechos» pero no detalla un peligro concreto que justifique apartarlo de sus funciones.
El secretario suspendido —quien también ejerce como dirigente gremial— manifestó su preocupación por que este tipo de resoluciones puedan ser interpretadas como represalias por cooperar con la justicia. Asimismo, confirmó que su representación legal estará a cargo del abogado Braulio Sanhueza, a través de quien ejercerá su derecho a defensa con total disposición a esclarecer los hechos ante los canales institucionales.
