Por, Marión Fernández, Consejera Regional de Los Lagos
En un maletín con dos candados, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, presentó el proyecto de Ley de Presupuestos 2027. Más allá de la imagen, esta discusión vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que las regiones no podemos seguir postergando: ¿de qué descentralización hablamos si no contamos con los recursos necesarios para decidir y actuar?
El presupuesto no es un mero punteo de ingresos y gastos. Es una definición política sobre las prioridades del Estado y sobre su capacidad para responder a las necesidades de las personas. Por eso, desde el Consejo Regional de Los Lagos miramos con preocupación la propuesta de reducción de los recursos destinados a los gobiernos regionales que podría llegar al 10%.
Y esto no es solamente un problema presupuestario. Es un problema de descentralización. Porque cuando a los gobiernos regionales se les entregan nuevas responsabilidades, pero al mismo tiempo se reducen los recursos con los que pueden ejercerlas, la descentralización corre el riesgo de convertirse en una transferencia de responsabilidades sin capacidad real para tomar decisiones.
Menos recursos significan menos capacidad para financiar proyectos de conectividad, agua potable, electrificación, infraestructura, salud, vivienda y desarrollo productivo. Significa también revisar compromisos, postergar iniciativas y, finalmente, hacer que comunidades que llevan años esperando soluciones sigan esperando.
Los gobiernos regionales fueron instalados en 1993 con un propósito claro: avanzar en descentralización y promover un desarrollo más equitativo de nuestros territorios. Han pasado 33 años y las brechas siguen persistiendo.
Por eso, resulta especialmente complejo que mientras hablamos de fortalecer las regiones, avanzar en autonomía y acercar las decisiones a los territorios, discutamos al mismo tiempo una reducción de los recursos que precisamente permiten que esas decisiones se hagan realidad.
Entendemos que los recursos públicos deben administrarse con responsabilidad, eficiencia y transparencia. Nadie está planteando lo contrario. Pero una cosa es exigir responsabilidad en el uso de los recursos y otra muy distinta es debilitar la capacidad de las regiones para responder a sus propias necesidades.
La defensa de las regiones no puede quedarse en los discursos. Se demuestra cuando debemos discutir el presupuesto y defender las herramientas que permiten que las decisiones regionales se transformen en obras, programas y soluciones concretas.
Porque detrás de cada peso que se recorta no hay solamente una cifra en una planilla. Hay un proyecto que puede quedar postergado, una comunidad que seguirá esperando y una necesidad que continuará sin respuesta.
Por eso, hago dos llamados: primero, a defender nuestra región, impidiendo que este recorte prospere; y segundo, a avanzar en el proyecto de Ley de Regiones Más Fuertes, que busca fortalecer a los gobiernos regionales, entregándoles mayores facultades para gestionar sus recursos.
Si realmente queremos regiones con capacidad de decidir, necesitamos algo más que nuevas competencias: necesitamos autonomía, recursos y capacidad real para ejercerlas.
