La Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió por unanimidad la solicitud de desafuero en contra del senador independiente por la Región de Aysén, Miguel Ángel Calisto Águila. La resolución de la Sala de Pleno, adoptada con un contundente 3-0, permite al Ministerio Público avanzar penalmente hacia un juicio oral por presunto fraude al Fisco y fraude de subvenciones, ilícitos cuyo perjuicio fiscal supera los 105 millones de pesos.
El caso, que se arrastra desde la gestión de Calisto como diputado (2018-2022), dio un vuelco decisivo tras la última audiencia de alegatos.
El debate en estrados en la última audiencia
Durante la crucial audiencia celebrada ante el tribunal de alzada de Puerto Montt, el pasado 14 de septiembre, las posiciones de la Fiscalía y la defensa chocaron drásticamente respecto de la legitimidad de las pruebas recopiladas:
La postura del Ministerio Público
El director de la unidad anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, expuso los antecedentes que sustentan la acusación contra el senador y otros siete imputados. La fiscalía argumentó la existencia de «asesorías parlamentarias fantasmas» coordinadas por Calisto con colaboradores cercanos, como Roland Cárcamo y Carla Graf. El órgano persecutor expuso que cinco asesores declararon no conocer a Graf, cuya jornada como profesora era incompatible con las funciones legislativas contratadas, y acusó desvíos de fondos públicos e incluso la compra de un terreno con dinero fiscal.
La argumentación de la defensa
Por su parte, el abogado defensor del parlamentario, José Pablo Gómez, intentó frenar el desafuero cuestionando la admisibilidad de los soportes digitales entregados por un coimputado. Además, cuestionaron la premura de la Fiscalía y sostuvieron que las asesorías cuestionadas sí contaban con el respaldo formal del Consejo de Asignaciones Parlamentarias, el cual habría auditado y aprobado los informes mensuales de actividades.
Finalmente, los ministros del tribunal de alzada estimaron de forma unánime que los antecedentes expuestos por la Fiscalía son «reales, serios y plausibles», cumpliendo con creces el estándar mínimo para dar lugar a la formación de causa penal.
«Doble» inmunidad y el camino a la Suprema
Este dictamen representa el segundo desafuero que enfrenta Calisto en la misma causa. La Corte Suprema ya había revocado su fuero en septiembre de 2025 mientras era diputado; no obstante, al asumir posteriormente su escaño en el Senado, el parlamentario adquirió una nueva inmunidad constitucional que obligó al Ministerio Público a iniciar un nuevo trámite judicial desde cero. Tras notificarse el fallo, el parlamentario defendió su inocencia desde el Congreso y descartó que esto constituya una condena. Su equipo jurídico confirmó que apelará ante la Corte Suprema. Hasta que el máximo tribunal del país ratifique o deseche la sentencia de Puerto Montt, Miguel Ángel Calisto mantendrá temporalmente sus funciones y su voto en la Cámara Alta.
