Rechazo del concejo municipal de Puerto Varas amenaza la continuidad del relleno sanitario La Laja

El conflicto por la gestión de residuos en la provincia de Llanquihue escaló, tras un urgente encuentro encabezado por el alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, en su calidad de presidente de la Asociación de Municipios de Llanquihue. La reunión, que reunió a los jefes comunales de Calbuco, Fresia, Frutillar, Llanquihue, Los Muermos, Maullín, Puerto Montt y Cochamó, tuvo como objetivo central abordar la grave incertidumbre generada por la parálisis en la operación del Relleno Sanitario La Laja. La tensión política ha puesto en el limbo el futuro de un servicio esencial que afecta directamente a más de 400 mil habitantes de la zona, creando un escenario peligroso de disputa entre la necesidad operativa inmediata y las decisiones institucionales locales.

El detonante de esta crisis es la reciente ratificación del Concejo Municipal de Puerto Varas al rechazar la adjudicación de la nueva operación del relleno sanitario, así como la construcción del Alvéolo 3, una fase crítica para expandir la capacidad del complejo. Fuentes municipales han detallado que el concejo levantó objeciones relacionadas con el costo elevado del contrato respecto a otras licitaciones anteriores y expresaron dudas sobre las condiciones contractuales propuestas por la empresa ganadora de la licitación. Además, se sumaron preocupaciones técnicas sobre la sostenibilidad del proyecto a largo plazo, lo que derivó en una votación mayoritaria para no avalar la certificación de la obra, dejando sin vía legal la continuidad inmediata de los trabajos de ampliación.

Frente a este estancamiento, el alcalde Gárate se refirió al tema con un tono de máxima urgencia, advirtiendo que, si las obras de ampliación no logran materializarse o iniciarse de manera efectiva antes de diciembre próximo, la situación será irreversible. Según los cálculos presentados durante la reunión, las nueve comunas que depositan sus desechos en La Laja podrían verse obligadas a cerrar sus puertas o buscar soluciones improvisadas a partir de agosto de 2027, fecha en la que se agotaría la capacidad operativa actual del relleno. Esta predicción ha generado alarma entre los gobernantes locales, quienes temen un colapso logístico que comprometería la salud pública y el medio ambiente de toda la provincia de Llanquihue.

En este contexto, el presidente de la Asociación de Municipios realizó un llamado directo y formal al Concejo Municipal de Puerto Varas para que abra un canal de diálogo inmediato, abandonando las posturas partidistas para buscar una salida que resuelva las inquietudes técnicas y financieras planteadas por los concejales. «Esto no es un juego; es un llamado de alerta a nuestra comunidad y a todos los actores involucrados», enfatizó Gárate, al subrayar que el margen de maniobra se ha agotado. El mensaje fue unánime entre los alcaldes presentes, quienes apoyaron la iniciativa de transacción política que permita destrabar la licitación sin sacrificar la viabilidad financiera del sistema de gestión de residuos, evitando así que la discrepancia local trascienda a convertirse en una emergencia sanitaria regional.

La intervención de los representantes de las comunas ribereñas del lago refuerza la gravedad del asunto, ya que ninguna administración local está dispuesta a asumir las consecuencias ambientales de un vertedero colapsado. Los alcaldes destacaron que la gestión de residuos es un servicio único para la provincia, lo que implica que la reticencia de un solo municipio en certificar la ampliación paraliza el servicio para todos. Se sugiere desde el gremio municipal que se apliquen cláusulas de emergencia o que se renegocie el precio con la empresa adjudicataria para satisfacer las exigencias del concejo, a fin de garantizar que la obra no quede suspendida indefinidamente.

Si bien la propuesta de diálogo es el primer paso hacia la normalización, el tiempo corre en contra de un contrato que requiere plazos constructivos rígidos. Los expertos en gestión comunal sugieren que, de no mediar una certificación de la obra en las próximas semanas, la provincia podría enfrentar un escenario de «basura descontrolada» a mediano plazo, donde las alternativas costosas o la improvisación se vuelvan la única opción.

El próximo hito será la respuesta del Concejo de Puerto Varas a esta solicitud formal de mediación; su silencio o nueva negativa podría obligar a los municipios a buscar recursos legales nacionales o incluso regionales para forzar la continuidad del servicio, marcando un precedente delicado en la historia de la gestión intermunicipal en la región de Los Lagos.

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