Apoderados del Colegio Mauricio Hitchcock, ubicado en la localidad de Contao, comuna de Hualaihué, protagonizaron una enérgica manifestación pública para expresar su profunda preocupación e indignación ante un presunto abuso sexual cometido por otros estudiantes en contra de un menor de edad que pertenece al espectro autista (TEA).
La movilización, marcada por el silencio inicial y posterior alzado de voz, evidenció el descontento de las familias, quienes bajo consignas como “no más abusos” exigieron un espacio seguro para la cursada de sus hijos, quienes se sienten vulnerables ante la falta de protocolos efectivos para la protección de niños con condiciones particulares.
El objetivo central de los padres de familia fue presionar a las autoridades escolares y regionales para que se esclarezcan los hechos ocurridos y se refuercen la medidas de resguardo dentro del establecimiento educacional. Los manifestantes enfatizaron que la protección de la infancia no es una tarea opcional, sino una necesidad urgente que requiere escuchar, actuar y responder oportunamente ante cualquier señal de riesgo. La comunidad educativa reclama garantías de que se investigarán a fondo las denominaciones de responsabilidad, asegurando que el bienestar físico y emocional de los estudiantes sea la prioridad absoluta ante la crisis desatada.
Frente a esta situación, la alcaldesa de Hualaihué intervino públicamente para expresar su solidaridad y cercanía con las familias afectadas, reconociendo el dolor y la angustia que vive la comunidad de Contao en estos momentos. La jefa comunal afirmó que el municipio no está solo en esta lucha y que, desde el momento en que tuvo conocimiento de los denuncias, comenzó una gestión activa y rápida para abordar la crisis, comprometiendo el uso de todas las herramientas administrativas disponibles para contribuir al esclarecimiento de los hechos dentro de los límites de sus competencias legales.
En su comunicado, la alcaldesa detalló los pasos inmediatos que ha realizado la municipalidad, destacando su viaje a Puerto Montt para mantener una reunión estratégica con el Seremi de Educación de Los Lagos, Dalmiro Yáñez. Durante esta instancia, se revisaron las acciones previas del municipio y se reforzó el trabajo conjunto para optimizar los protocolos del colegio, buscando una respuesta coordinada entre el ámbito local y el regional. Esta alianza busca garantizar que la investigación siga su curso protocolar y que se determinen las responsabilidades civiles y administrativas que correspondan, sin sobrellevar las competencias del sistema judicial, pero reforzando el control estatal.
Para los apoderados y la comunidad en general, la intervención de la alcaldesa representa un mensaje de respaldo institucional, aunque los padres mantienen su exigencia de resultados concretos y visibles. El bienestar de los niños, niñas y jóvenes es el eje de esta disputa, y la alcaldesa prometió mantenerse presente, escuchando activamente a las familias y acompañándolas durante todo el proceso de esclarecimiento. La promesa de “no bajar los brazos” busca calmar los ánimos, transmitiendo que la respuesta municipal será técnica, firme y siempre respetuosa del debido proceso legal.
El caso pone bajo la lupa la capacidad de respuesta de los establecimientos educativos frente a agresiones intraescolares que involucran a estudiantes con TEA, un grupo de alta vulnerabilidad. Mientras las instancias legales y administrativas desarrollan su curso, la comunidad de Hualaihué observa con atención cómo se ejecutarán las medidas prometidas.
La unión de padres y autoridades locales apunta a restaurar la confianza en el sistema educativo del sector, asegurando que ningún menor se sienta en riesgo al ingresar a recintos que deben ser, por definición, santuarios de aprendizaje y protección.
