Mientras los decomisos se disparan en la provincia —incluyendo la reciente e inédita captura de un funcionario del Hospital de Futaleufú—, las policías enfrentan un dilema invisible: los estrictos plazos legales de traslado bajo amenaza de multas a sus sueldos obligan a «hilar muy fino» a la hora de fiscalizar en zonas extremas.
El avance del tráfico de sustancias ilícitas en la provincia de Palena ha dejado de ser una sospecha para transformarse en una realidad palpable en las portadas policiales. El último y más bullado de los casos ocurrió esta semana, cuando un funcionario del Hospital de Futaleufú fue detenido en plena vía pública tras retirar una encomienda que contenía marihuana. El paquete sospechoso había sido interceptado inicialmente por Carabineros durante un control rutinario de carreteras en Chaitén, iniciándose un seguimiento controlado hasta la comuna fronteriza.
Este hecho se suma a una preocupante escalada de hallazgos en la zona, que van desde sujetos transportando marihuana oculta en termos, hasta el reciente veredicto condenatorio contra un individuo que portaba más de 35 kilos de droga y municiones a bordo de una barcaza en Chaitén. Sin embargo, detrás del éxito de estos operativos se esconde una encrucijada logística y administrativa que mantiene en alerta a las autoridades.
Las 24 horas del dilema operativo
De acuerdo con la legislación vigente en Chile, toda droga incautada por Carabineros, la PDI o Gendarmería debe ser entregada al Servicio de Salud correspondiente dentro de un plazo perentorio de 24 horas. De no cumplirse, el artículo 42 de la Ley 20.000 sanciona al funcionario responsable con una multa del 5% de su remuneración imponible por cada día de atraso.
Para un efectivo apostado en los rincones más apartados de la provincia de Palena, este mandato representa un riesgo real. Fuentes policiales en la zona confiesan que las extremas dificultades de conectividad —dependientes de barcazas o aviones, condiciones climáticas adversas y rutas geográficamente complejas— hacen que cumplir con el traslado hasta los centros de recepción oficial en Puerto Montt dentro del tiempo legal sea, en ocasiones, virtualmente imposible. Esta presión administrativa ha provocado que, en la práctica, algunos funcionarios opten por moderar el rigor de sus fiscalizaciones para evitar verse expuestos a sanciones directas contra sus remuneraciones.
Al respecto, Jaime Jiménez, director subrogante del Servicio de Salud Del Reloncaví, reconoce el impacto del aislamiento geográfico:
«Definitivamente, lo que manifiestan en términos del marco normativo, evidentemente ha sido bien complejo. Es una provincia que no tiene esa estructura para poder eliminar [la droga]… Nosotros estamos levantando proyectos de mejoramiento de intervención, ya sea con un incinerador, pero esto también pasa por lo normativo, por comprometer al nivel central».
La urgencia de infraestructura local
Para la comunidad y las autoridades de la zona, la solución definitiva pasa por descentralizar los procesos e implementar infraestructura local que evite los riesgosos traslados de larga distancia. Alejandra Torres Vásquez, presidenta del Consejo de Salud de Futaleufú, enfatiza la urgencia de buscar alternativas viables para terminar con el engorroso trámite:
«La falta de denuncias hace un poco operativo el sistema… En las zonas extremas todo es más lento, todo cuesta más: salir, llegar, hacer los mismos trámites que necesitan hacer estas instituciones es mucho más engorroso. Creo que se tiene que trabajar a nivel regional y nacional en tener esta mirada local de cómo se ve el territorio y no castigar esta fiscalización en el fondo».
Por su parte, el alcalde de Futaleufú, Fernando Grandón,subraya que la demanda por un dispositivo local ya se encuentra en agenda, apuntando directamente al organismo técnico encargado de la red sanitaria:
«Lo que hemos ya conversado respecto al tema de la droga es que finalmente podamos tener en Chaitén un incinerador… Esperamos que los resultados sean rápidos y pronto ya tengamos el incinerador funcionando. Para esto, obviamente y como corresponde de acuerdo a la normativa legal, es el Servicio de Salud quien implementa este sistema».
Falta la presencia de Senda
Tanto para el alcalde de Futaleufú, Fernando Grandón como para la presidenta del Consejo de salud, Alejandra Torres, hay una carencia importante, que es la falta de Senda en la zona, ya que no hay programas que se apliquen a los estudiantes, como el programa Previene.
Mientras los proyectos de conectividad y equipamiento avanzan a ritmo institucional, la frontera sur de la región de Los Lagos sigue lidiando con las tensiones de una ley diseñada para realidades urbanas, pero aplicada en el corazón de la Patagonia chilena, simplemente no funciona.
De este hecho conversamos con el prefecto de Chiloé, Enrique Gutiérrez, quien dijo que vería el caso, sin embargo, no hubo una respuesta formal al respecto, y a través de un audio informal, comentó que había conversados con los comisarios de la provincia de Palena, sin entrar en detalles.
