Tras la audiencia realizada este jueves en el Juzgado de Garantía de Calbuco, se aprobó una suspensión condicional del procedimiento en la causa que involucra al alcalde Marco Silva.
La medida constituye una salida alternativa contemplada en la legislación chilena. No corresponde a una sentencia condenatoria ni a una absolución: el procedimiento queda suspendido durante el período fijado por el tribunal y sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones. Si estas se cumplen y la suspensión no es revocada, se extingue la acción penal y el tribunal debe dictar el sobreseimiento definitivo.
Tras la audiencia, el alcalde Marco Silva sostuvo que el proceso concluye sin condena y afirmó que, a su juicio, durante la tramitación judicial quedó establecido que no existió perjuicio económico ni menoscabo a los recursos municipales.
“Hoy ha quedado formal y fehacientemente acreditado en tribunales que no existió perjuicio económico ni menoscabo alguno a los recursos de nuestra municipalidad”, señaló.
Silva también afirmó que las imputaciones habrían tenido como propósito afectar su honra y obstaculizar la gestión municipal, planteamiento que corresponde a su versión de los hechos.
Recordemos que, según la Fiscalía Local de Calbuco, los antecedentes apuntaban a la presentación de documentos con información falsa ante un notario, los cuales posteriormente fueron ingresados al Servicio Electoral (Servel) para respaldar la candidatura de Silva en el proceso municipal. Estos documentos habrían contenido datos que no correspondían a la realidad, configurando así la base de la imputación.
El ente persecutor aclaró que la responsabilidad administrativa sobre incompatibilidades de funciones corresponde a la Contraloría, la cual ya había determinado que durante el ejercicio del cargo de alcalde no existió actuación alguna en causas civiles vinculadas. Por ello, la acusación penal se centra exclusivamente en hechos ocurridos antes de que Silva asumiera como jefe comunal.
El delito de perjurio administrativo, tipificado en el artículo 210 del Código Penal chileno, sanciona la acción de declarar falsamente o presentar documentos adulterados ante una autoridad pública, afectando la fe pública y la transparencia institucional. En este caso, la imputación se fundamenta en que el alcalde habría utilizado documentación con falsedades para validar su postulación electoral.
Finalmente, agradeció el respaldo recibido de vecinos, vecinas y funcionarios, y aseguró que continuará trabajando por la comuna.
