La colisión con un camión tolva dejó varios alumnos lesionados y reabrió el cuestionamiento de los apoderados hacia las autoridades de Educación y Transportes, por la falta de una respuesta definitiva a un problema que arrastran las familias. El municipio de Frutillar facilitó un bus para garantizar el traslado de los estudiantes, mientras la Fiscalía investiga las causas del accidente.
El accidente protagonizado por un minibús que trasladaba a 23 estudiantes del Liceo Benjamín Muñoz Gamero de Puerto Octay, en el sector Quilanto de Frutillar, dejó al descubierto un conflicto que va mucho más allá de una colisión de tránsito: la falta de una solución definitiva para el transporte de alumnos que deben desplazarse diariamente entre ambas comunas para asistir a clases.
El vehículo de pasajeros, que prestaba servicios de traslado con apoyo de la Municipalidad de Frutillar, impactó por alcance contra la parte posterior de un camión tolva que transportaba ripio. La emergencia movilizó a Bomberos, cuatro ambulancias y personal municipal de Seguridad Pública. Varios estudiantes resultaron lesionados y tres fueron trasladados al Hospital de Puerto Montt, mientras los demás fueron derivados al recinto asistencial de Frutillar para evaluar sus lesiones. El conductor también fue trasladado a un centro asistencial de la ACHS.
La Fiscalía Local de Puerto Varas instruyó a la SIAT de Carabineros realizar las pericias para establecer las circunstancias de la colisión. La fiscal Nataly Johnson confirmó que ambos conductores contaban con licencias profesionales y que, de acuerdo con los antecedentes preliminares, conducían sin presencia de alcohol.
Sin embargo, detrás de este accidente existe una controversia que las familias vienen planteando desde hace meses. Los estudiantes pertenecen al sistema de educación pública administrado por el Departamento de Educación Municipal de Educación, dependiente de la Municipalidad de Puerto Octay y las familias sostienen que no han recibido una respuesta institucional que garantice un traslado seguro y permanente hacia el establecimiento educacional.
El problema tiene su origen en la distribución de matrícula escolar. Según los antecedentes entregados por los apoderados, varios estudiantes terminaron asignados al establecimiento de Puerto Octay mediante el sistema de admisión escolar, pese a que sus familias residen en Frutillar. Una situación que los obliga a recorrer diariamente una distancia considerable para acceder a su educación.
En medio de esta dificultad, los apoderados han cuestionado la falta de respuestas de la Seremi de Educación y de la Seremi de Transportes. Según denunciaron, incluso se realizaron gestiones con un operador privado para disponer de un servicio de transporte, pero la alternativa no habría prosperado debido a que la autoridad de Transportes no autorizó un recorrido subsidiado, argumentando que ya existía un servicio para cubrir esa ruta, el mismo que, según las familias, había dejado de responder a las necesidades de los estudiantes.
Ante la ausencia de una solución, la Municipalidad de Frutillar decidió facilitar un bus para colaborar con el traslado de los alumnos. Los propios representantes de los apoderados han reconocido públicamente esa gestión y han eximido al municipio de responsabilidad por el origen del problema, agradeciendo su disposición para enfrentar una necesidad que afecta directamente a las familias.
El vocero de los apoderados, Marco Barría, quien además impulsó un recurso de protección por esta situación, ha solicitado la intervención de las autoridades educacionales y cuestionado la demora en la tramitación de la acción judicial, que hasta ahora no habría tenido una respuesta definitiva, según lo señalado por los representantes de las familias.
El accidente vuelve a instalar preguntas que ahora requieren respuestas concretas: ¿qué gestiones ha realizado la Seremi de Educación para garantizar el traslado de estos estudiantes?, ¿por qué la Seremi de Transportes no autorizó una alternativa subsidiada con un operador privado?, ¿qué organismo debe asumir finalmente la responsabilidad de asegurar que los alumnos puedan llegar a clases en condiciones adecuadas de seguridad?
Por ahora, las familias enfrentan las consecuencias de un accidente que pudo tener resultados mucho más graves. Mientras la Fiscalía desarrolla la investigación para determinar las causas y eventuales responsabilidades en la colisión, las autoridades deberán explicar qué medidas adoptarán para evitar que la continuidad de los estudios de estos jóvenes siga dependiendo de soluciones transitorias.
La preocupación de los apoderados es tal que incluso han evaluado solicitar el término anticipado del año escolar para los estudiantes afectados, si no existen garantías suficientes para retomar el traslado.
El accidente de Quilanto no solo exige esclarecer qué ocurrió en la ruta. También obliga a determinar por qué un problema conocido por las instituciones terminó siendo enfrentado mediante una solución municipal de emergencia, sin que hasta ahora exista una respuesta definitiva para las familias.
