Por Jaime Sáez Quiroz – Analista Estratégico
La memoria integrada 2025 de Multi X es un documento revelador. No porque oculte algo, sino porque muestra con claridad lo que la industria quiere proyectar: una empresa que en un año “extraordinariamente adverso” cosechó 118.351 toneladas —máximo histórico—, aumentó ingresos un 23,6% hasta US$ 870,8 millones y logró que su precio de venta promedio superara en un 6% al precio de referencia del mercado, el nivel más alto de su historia.
Si esto es una crisis, cabe preguntarse cómo luce un año bueno.
El modelo funciona para sus dueños. La pregunta es para quién más.
Detrás de esos números hay una concentración territorial muy concreta: 105 concesiones acuícolas entre Los Lagos, Aysén y Magallanes. Una escala difícil de dimensionar desde Santiago, pero que cualquier habitante del sur austral conoce en su cotidiano: balsas jaula en los canales, conflictos con pescadores artesanales, comunidades mapuche-williche que llevan décadas exigiendo que sus territorios costeros sean reconocidos como lo que son.
El presidente ejecutivo de Multi X dedica parte relevante de su carta a los accionistas a denunciar que Chile opera bajo un marco regulatorio que “ha acumulado complejidad, incertidumbre y rigidez”, y que nuevas leyes “tratan al sector como una amenaza y no como una industria estratégica”. El blanco es claro: la Ley de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios y el nuevo Servicio de Biodiversidad son vistos como obstáculos. Desde el territorio, esa lectura es exactamente al revés.
Un año adverso que no llegó a ser
La memoria describe con honestidad los factores externos: la producción mundial de salmón Atlántico creció un inesperado 12%, lo que deprimió precios internacionales. El arancel del 10% impuesto por la administración Trump generó un impacto extraordinario de US$ 27 millones. Hubo blooms de algas en Aysén y mortalidades inusuales en centros de cultivo.
Y con todo eso, el EBITDA creció 83,4% y el EBIT se multiplicó por casi cuatro respecto del año anterior.
Esto no es un reproche a la gestión empresarial. Es un dato estructural: cuando una industria que opera sobre bienes públicos —agua, fondo marino, borde costero— obtiene esos resultados incluso en condiciones adversas, algo en la distribución de riesgos y beneficios está profundamente desajustado. Los eventos adversos se absorben internamente vía eficiencia. Pero también se descargan sobre el ecosistema, sobre las comunidades locales y sobre el Estado que sostiene el territorio desde el cual opera la industria.
Propuestas, no solo diagnóstico
El debate sobre la salmonicultura lleva décadas atrapado entre dos posiciones insuficientes: la del sector, que pide certeza regulatoria y menos trabas, y la de quienes simplemente quieren cerrar la industria. Ninguna responde la pregunta relevante: ¿bajo qué condiciones puede existir la salmonicultura de forma legítima en los territorios del sur austral?
Hay al menos tres respuestas concretas que vale la pena sostener.
Canon territorial real, no patentes simbólicas. A diferencia del royalty —que grava la extracción de un recurso natural como retribución al Estado por su uso— el canon territorial reconoce algo distinto: que la salmonicultura ocupa de forma exclusiva espacios de dominio público que pertenecen a todos los chilenos, y especialmente a quienes viven de ellos. No es un impuesto a la ganancia; es el precio justo por usar el mar como infraestructura productiva privada. El mecanismo actual de patentes únicas de acuicultura no cumple ese rol: es simbólico en monto y regresivo en distribución. Se requiere un canon proporcional al volumen cosechado y al valor exportado, cuyos recursos se destinen prioritariamente a municipios y comunidades de las zonas de operación. Si la industria genera miles de millones de dólares en ventas desde el territorio austral, ese territorio debe ver una fracción real de esa riqueza. No como beneficencia: como derecho.
Reconocimiento efectivo de los ECMPO, sin excepciones productivas. La Ley N° 20.249 no es una amenaza al desarrollo: es el reconocimiento de que hay comunidades con derechos anteriores sobre esos espacios costeros. La presión del sector para crear mecanismos de excepción para concesiones salmoneras debe ser resistida. La planificación del borde costero debe partir del reconocimiento de esos derechos, no de la demanda productiva de la industria.
Capacidad de carga como límite real, no como variable de gestión empresarial. La concentración de más de cien concesiones en tres regiones no puede seguir evaluándose caso a caso. Se necesita un sistema de zonificación basado en capacidad de carga ecosistémica a escala de cuenca, con umbrales vinculantes que no puedan negociarse por razones económicas. Los blooms de algas, el SRS, las mortalidades masivas —todos mencionados en la propia memoria de Multi X— no son externalidades gestionables: son señales de un sistema bajo estrés.
Lo que la memoria no dice
La memoria menciona índices de sostenibilidad, posición en el Dow Jones Best in Class, resultados CDP. Todo eso puede ser cierto y a la vez insuficiente. La sostenibilidad corporativa que se mide en índices internacionales no es lo mismo que la legitimidad territorial que se construye —o se destruye— en cada reunión de pescadores artesanales de Chiloé, en cada proceso ECMPO en Aysén, en cada marea roja que cierra temporadas de extracción.
El presidente de Multi X dice que Chile no puede desaprovechar sus ventajas comparativas en salmonicultura. Tiene razón. Pero las ventajas comparativas de Chile no son solo sus fiordos y su frío: son también sus comunidades, su biodiversidad y —si se defiende— su institucionalidad ambiental.
La industria puede ser más eficiente. Lo ha demostrado. La pregunta que el país todavía no responde es si esa eficiencia se va a construir sobre los territorios o con ellos. La respuesta que demos hoy definirá si en 2050 seguimos hablando de una industria o de lo que quedó de un ecosistema.
