En la cámara de diputadas y diputados comenzó la tramitación del mensaje presidencial en la Comisión de Agricultura, con el que se busca proteger a agricultores y ganaderos afectados por ataques de perros asilvestrados y aumentar también la fiscalización. Allí también se instó a fortalecer la coordinación entre instituciones.
“Necesitamos más fiscalización y apoyo efectivo a los productores afectados por jaurías de perros asilvestrados. En este caso podría ser por parte de una institución del estado, programas de tenencia responsable (de mascotas) y herramientas claras para actuar frente a los perros asilvestrados”.
Las palabras son de la diputada republicana por la Región de Los Lagos, Claudia Reyes, quien así dio su parecer respecto de uno de los temas más controvertidos y que más daño han causado en los campos chilenos, en los últimos años.
La parlamentaria aprovechó que instalar el tema en medio de la tramitación del proyecto de ley para proteger la fauna silvestre, enviado por el Gobierno y que se comenzó a ver en la Comisión de Agricultura.
“La ley tiene que servir para entregar soluciones reales y no sólo declarar deberes que después pueden ser muy difíciles de cumplir”, añadió enfática la legisladora, a propósito de la falta de una normativa que permita enfrentar este flagelo que también afecta a la fauna silvestre.
En la instancia -en la que estuvieron presentes el ministro del ramo, Jaime Campos y el subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian, entre otras autoridades-, la parlamentaria instó a recordar que “cuando hablamos de protección de faunas silvestres no estamos hablando tan sólo de diversidad, también estamos hablando de seguridad para las personas”.
“Estamos hablando de la seguridad para las personas, de protección de bienes para las familias y de una realidad que afecta directamente a pequeños y medianos agricultores. Por eso comparto que el Estado debe tener un rol activo en la estrategia. Pero también creo que debemos analizar con mucho cuidado si la mejor respuesta es establecer un deber tan amplio como proteger las faunas silvestres o evitar su extinción”, manifestó.
Durante su alocución, la parlamentaria se preguntó “¿cuál será la responsabilidad del Estado si una especie disminuye considerablemente su población, qué institución respondería, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el Ministerio de Agricultura, los municipios o el Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas? Entonces, yo creo que más que crear declaraciones generales necesitamos fortalecer lo que hoy falla, una mejor coordinación entre las instituciones”.
“Me gustaría saber por ejemplo si el SAG, a nivel regional, se comunica o ve estos temas con los municipios o las delegaciones”, finalizó.
