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En una jornada marcada por fuertes divisiones políticas, la Cámara de Diputadas y Diputados dio luz verde este martes a la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. La iniciativa avanzó pese a que la comisión encargada de revisar los antecedentes había recomendado su rechazo, y ahora el caso pasa a ser conocido por el Senado, donde se definirá su procedencia final
La votación arrojó un resultado ajustado: 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención, reflejo de las diferencias al interior de los distintos sectores políticos y de los descuelgues que se registraron tanto en oficialismo como en oposición.
El debate se extendió por horas, desde las 10:00 de la mañana, y tuvo un momento clave cuando la defensa del exsecretario de Estado presentó una cuestión previa para frenar el avance del libelo. Sin embargo, la Sala rechazó esa solicitud, abriendo paso a la discusión de fondo y finalmente a la votación que aprobó el mecanismo de juicio político.
Tras conocer la decisión, Grau planteó que «el mundo progresista estuvo totalmente apoyando esto. Eso no significa que estemos todos de acuerdo, significa que hay un reconocimiento transversal respecto a que esta acusación no tenía mérito».
«A pesar de este resultado, yo estoy profundamente agradecido por todo lo que he visto estos días, de todos los partidos políticos del progresismo, que han sido un siete conmigo», añadió.
Grau insistió en que «iremos con la misma tranquilidad y humildad que hemos tenido acá al Senado. Yo me tomo esto con la máxima seriedad, y quienes votaron hoy día son los representantes de la ciudadanía y yo respeto mucho esas instituciones democráticas».
«Lo que voy a hacer ahora junto con mi equipo, la próxima semana, es ir al Senado a exponer humildemente, pero con mucha convicción, el convencimiento de que en esto tenemos la razón, que yo no he cometido ningún ilícito y por tanto la acusación no tiene mérito», recalcó.
En caso de ser aprobada la acusación en el Senado, Grau enfrenta cinco años de inhabilitación en cargos públicos y la imposibilidad, durante el mismo periodo, de hacer clases en universidades del Estado.
Con este paso, Nicolás Grau se convierte en una de las primeras autoridades de alto nivel en enfrentar una acusación constitucional en este periodo, y será el Senado el órgano encargado de analizar los cargos, escuchar los argumentos de ambas partes y resolver si se acoge o se rechaza la acción..
