El caso de los niños haitianos ingresados a Chile en 2025 bajo la figura de “reunificación familiar” ha destapado uno de los mayores escándalos migratorios y de protección infantil en el país. Según datos oficiales, más de 300 menores llegaron en vuelos chárter, acompañados por adultos que no siempre acreditaban vínculos familiares ni contaban con autorizaciones legales. Hoy, se desconoce el paradero de una parte significativa de ellos.
La reunificación familiar, una vía migratoria destinada a permitir que extranjeros residentes en Chile puedan traer a sus familiares directos, quedó bajo cuestionamiento tras revelarse un informe de Contraloría que detectó irregularidades en el ingreso de menores haitianos al país.
Fue el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, quien reveló nuevos antecedentes sobre la denuncia de posible tráfico infantil detectado en vuelos chárter que operaban bajo la modalidad de reunificación familiar. Según indicó, las primeras alertas fueron remitidas al Ministerio Público en 2023, mucho antes de que el caso se hiciera público.
Thayer apuntó a una falla estructural de coordinación entre Migraciones, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la Policía de Investigaciones (PDI), lo que habría impedido un control efectivo sobre quiénes ingresaban al país y cuál era el destino final de los menores.
Frente a estas declaraciones, la DGAC respondió deslindando responsabilidades. La autoridad aeronáutica recalcó que su rol es estrictamente técnico, normativo y de seguridad aérea, sin facultades para realizar control migratorio ni verificar el estatus de los pasajeros. En paralelo, confirmaron que mantienen procesos investigativos contra una aerolínea vinculada a estos vuelos, la cual ya se encuentra en etapa de cierre de operaciones.
Recordemos que son más de 300 niños y adolescentes haitianos los que ingresaron a Chile en 2025 bajo la figura de “reunificación familiar”, y hasta hoy se desconoce el paradero de una parte significativa de ellos. El Gobierno, la Fiscalía, la Cámara de Diputados y la PDI reconocen la gravedad del caso y han abierto investigaciones por posible tráfico de menores.
Datos principales:
Cantidad de menores:
Entre enero y abril de 2025 ingresaron más de 3.200 ciudadanos haitianos, de los cuales 2.792 bajo reunificación familiar. Dentro de ese grupo, se estima que más de 300 eran niños y adolescentes.
Adultos responsables:
Al menos 12 adultos (chilenos y haitianos) ingresaron reiteradamente acompañando grupos de entre 2 y 18 menores, sin vínculos familiares comprobados ni autorizaciones legales.
Niños sin rastro:
Contraloría y PDI constataron que decenas de menores no residían en los domicilios declarados o no estaban junto a los adultos responsables. Por otra parte, la Fiscalía confirmó que “no se sabe dónde están”, cerca de 200 niños e incluso podrían ser más.
Qué dicen las instituciones
El presidente José Antonio Kast calificó la denuncia como “gravísima” y comprometió colaboración total con la Fiscalía para exigir responsabilidades.
Mientras que, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, señaló que «hay hechos potencialmente muy graves» y confirmó que «el director del Servicio de Migración (Frank Sauerbaum) ha procedido a ingresar una denuncia al Ministerio Público por el eventual delito de tráfico de personas migrantes», añadiendo que el Gobierno ya implementó cambios en los protocolos de ingreso de menores para fortalecer la seguridad.
En cuanto a la eventual falta de intervención de la Administración Boric, la autoridad se limitó a señalar. «No quisiera calificar los esfuerzos del gobierno anterior por que esta situación se investigara. Nos parece que esto es de tal gravedad, que el Gobierno no va a confrontar directamente esas responsabilidades. La opinión pública podrá juzgar».
«Lo que corresponde para conocer la cifra es esperar al informe final, para ver el universo de esa muestra y sin perjuicio de ello, que se investigue toda irregularidad. El Gobierno no pretende sacar ningún rédito político, sino que colaborar con la situación», zanjó el subsecretario.
Ministerio de Seguridad Pública:
El ministro Martín Arrau solicitó un informe específico a la PDI y reconoció que, cualquiera sea la explicación, la situación es de “mucha gravedad”.
Fiscalía Nacional:
El fiscal Eugenio Campos advirtió que hay patrones reiterados y que la investigación es “sumamente compleja”. Mientras que el fiscal nacional Ángel Valencia confirmó que se indaga a agencias de viajes, aerolíneas y adultos responsables.
Cámara de Diputados:
Parlamentarios impulsan la creación de una comisión investigadora para esclarecer responsabilidades políticas y administrativas.
Policía de Investigaciones (PDI):
Participó en las fiscalizaciones junto a Contraloría y Migraciones, detectando falencias en la verificación de antecedentes y casos de menores sin paradero claro.
Riesgos y aristas en investigación
Posible tráfico ilícito de migrantes y trata de menores. Se ha mencionado incluso la hipótesis de tráfico de órganos, aunque aún no hay pruebas concluyentes.
Destacar que la DGAC autorizó vuelos chárter, para lo cual se habría pagado hasta 120 mil dólares, pero sostiene que su rol es solo técnico y no migratorio.
El caso sigue en desarrollo y mantiene en alerta a la opinión pública, pues expone vacíos de coordinación entre Migraciones, DGAC y PDI, además de una falla estructural del Estado en la protección de la infancia migrante.
