Un estremecedor informe oficial y las declaraciones del actual jefe del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum, destaparon la mayor crisis migratoria y de protección infantil que ha vivido Chile en décadas: entre los años 2022 y 2025 se autorizó el ingreso de 16.400 menores de edad provenientes de Haití, bajo la figura legal de reunificación familiar, pero con una instrucción interna clara emitida por la administración anterior: “facilitar el paso, no exigir antecedentes ni comprobar vínculos”.
La denuncia es gravísima y apunta directamente a la gestión de Luis Thayer, exdirector del servicio durante el gobierno de Gabriel Boric, y al entonces ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quienes según consta en documentos reservados que hoy son públicos, presionaron y ordenaron rebajar todos los controles argumentando la emergencia humanitaria que vivía el país caribeño.
“Tenemos un oficio de mayo de 2024 donde se ordena explícitamente a los funcionarios agilizar y permitir la entrada sin mayores requisitos. El resultado está a la vista: hoy desconocemos dónde está la mitad de esos niños, no tenemos direcciones, no sabemos con quién viven, y lo peor: se detectó que una misma persona traía entre 12 y 34 menores en un solo vuelo chárter. Eso no es familia, eso es transporte de personas, eso es negocio, y así lo está investigando la Fiscalía como trata”, sostuvo Sauerbaum tras reunirse con el fiscal nacional Ángel Valencia.
Lo que conmociona al país es comprobar que el sistema falló a propósito. Contraloría ya certificó que en el 92% de los casos no existía prueba real de parentesco, que muchos de los adultos que los acompañaban tenían antecedentes penales o identidades falsas, y que una vez que cruzaban la frontera, el Estado perdía todo rastro de ellos.
“Las autoridades de ese entonces fueron al Parlamento a defender estas medidas, diciendo que éramos un país solidario. Pero la solidaridad no puede ser entregar niños a cualquiera sin preguntar nada. Lo que hicieron fue exponerlos al peligro, permitir que redes criminales usaran la crisis para ganar dinero y dejar hoy a miles de personas menores de edad en una situación de absoluta indefensión”, recalcó la autoridad actual.
La investigación avanza rápido y ya hay detenidos. Se sospecha que por cada menor ingresado se cobraban sumas que iban desde los 2.000 hasta los 5.000 dólares, convirtiendo la llegada de haitianos en una industria millonaria donde, al parecer, hubo funcionarios públicos que miraron para el lado o que directamente participaron.
En tanto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) hizo un llamado contundente y urgente a las autoridades chilenas para que entreguen claridad absoluta sobre el paradero y la situación real de cientos de niños originarios de Haití que ingresaron al país en los últimos años, justo cuando la Fiscalía desarrolla una investigación formal por presunta trata de personas y tráfico de menores.
