El Juzgado de Garantía de Temuco decretó este lunes la medida cautelar de prisión preventiva para Carlos Cancino, alias «El Rana», imputado como presunto autor material del homicidio del carabinero Eugenio Naín.
El criminal, quien estaba prófugo desde el 2020 y que fue detenido en Valdivia la semana pasada, es sindicado por el Ministerio Público como el responsable directo de los disparos en el sector de Metrenco en octubre de ese año, basándose en interceptaciones telefónicas donde sus propios conocidos lo identifican como el tirador.
El tribunal determinó la medida cautelar tras una audiencia que fue extensa debido a la gravedad de los cargos imputados: delitos consumados de homicidio de carabinero en servicio y disparos injustificados, y delitos frustrados de homicidio de carabinero en servicio y homicidio simple.
A diferencia de otros imputados en el caso, la situación de Cancino es particularmente crítica para la Fiscalía. Según los antecedentes recabados, no se le considera solo un colaborador, sino el autor directo de los disparos que impactaron a los uniformados en la Ruta 5 Sur.
«Lo hemos expuesto en otras audiencias y también los controles respectivos de detención; es una interceptación telefónica donde dos personas que lo conocen, que son amigos de él, lo indican como el autor del homicidio al suboficial Naín», detalló el fiscal Carlos Bustos.
En paralelo, el Ministerio Público busca ampliar los cargos para incluir el homicidio del cabo primero Marcos Cosme, integrante del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE).
Este último caso será visto en otra fecha por la Fiscalía de Valdivia.
Asimismo, la justicia ha puesto la lupa sobre el entorno del detenido. La Fiscalía de Temuco confirmó la apertura de una arista investigativa para desarticular la red de apoyo que permitió que Cancino se mantuviera oculto desde el 2020, evadiendo los controles policiales de manera exitosa hasta su reciente caída en Valdivia.
Tras la formalización de los cargos contra Cancino, el magistrado a cargo de la audiencia fijó un plazo de 45 días para el desarrollo de la investigación, periodo durante el cual el funcionario naval permanecerá recluido.
