El presidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (AGORECHI) y gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana, se reunió este martes con el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, con el objetivo de avanzar en la tramitación del proyecto de ley que busca fortalecer las competencias de los gobiernos regionales en materia de prevención del delito.
En la cita también participaron el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego; la subsecretaria de Seguridad Pública, María Pilar Giannini; y el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero. Los cargos de Arrau y Guerrero se encuentran vigentes actualmente.
Uno de los principales puntos abordados fue la propuesta que permitirá a cada Gobierno Regional crear una División de Prevención del Delito, entregando una estructura técnica para diseñar, ejecutar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos de prevención social, situacional y comunitaria, además de fortalecer la coordinación con los municipios.
Tras el encuentro, Santana manifestó su confianza en que sea posible avanzar en la iniciativa y señaló que los gobernadores comprometieron entregar al Ministerio de Seguridad Pública nuevos antecedentes e información técnica solicitada durante la reunión.
“Estamos absolutamente convencidos de que la focalización de la inversión, del gasto y de las urgencias nace en los territorios, y los gobiernos regionales tienen muchos elementos que aportar, sobre todo por la coordinación que se realiza con cada uno de los municipios a lo largo de Chile”, sostuvo el gobernador.
Santana agregó que el objetivo es que los gobiernos regionales no se limiten únicamente a financiar iniciativas de seguridad, sino que puedan asumir un papel técnico en la definición de las inversiones que generen mayor impacto en cada territorio.
“Esperamos, por el bien de la descentralización y del fortalecimiento de las políticas públicas, que podamos tener un instrumento que permita que los gobiernos regionales no solamente financien una parte muy relevante de la seguridad pública en Chile, sino que sean principalmente un actor técnico que permita definir qué inversiones tienen mayor o menor impacto en seguridad pública”, señaló.
La discusión cobra especial relevancia considerando el volumen de recursos que las regiones ya destinan a esta materia. De acuerdo con antecedentes entregados por AGORECHI, desde 2021 los gobiernos regionales han invertido más de $600 mil millones en iniciativas de seguridad, financiando equipamiento y vehículos para Carabineros y la PDI, sistemas de televigilancia, cámaras, iluminación pública, recuperación de espacios urbanos y otras medidas preventivas.
Proyecto continúa su discusión en el Senado
La iniciativa corresponde al Boletín N.º 16.132-06 y busca consagrar expresamente funciones de prevención social, situacional y comunitaria del delito, además de apoyo y asistencia a víctimas, dentro de las competencias de los gobiernos regionales. Entre sus disposiciones está precisamente la posibilidad de crear una División de Prevención del Delito en cada GORE.
Actualmente, el proyecto se encuentra en su segundo trámite constitucional en el Senado y en discusión particular en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización. Durante las últimas semanas la instancia ha continuado revisando las indicaciones presentadas a la iniciativa, registrándose sesiones destinadas a su análisis durante julio y, más recientemente, el 4 de agosto de 2026.
La propuesta apunta a institucionalizar un rol que los gobiernos regionales ya han asumido mediante el financiamiento de proyectos de seguridad, incorporándolos formalmente en la planificación territorial de las políticas de prevención del delito, bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad Pública.
