Por Jaime Sáez Quiroz — Analista, exdiputado por el Distrito 26
En su primera encíclica, Magnifica Humanitas, el Papa León XIV advierte que la técnica nunca es neutra, porque «asume el rostro de quien la concibe, la financia, la regula y la utiliza». Lo escribió pensando en los algoritmos, pero llevo días dándole vueltas a esa frase por otra razón: vale igual para los informes técnicos. También los estudios tienen rostro, y conviene mirarlo antes de tomarlos por evidencia.
Hace unas semanas me llegó un audio desde Caleta Aulen, en Hualaihué. Se escuchaba mal, con viento y lluvia golpeando una plancha de zinc, y al fondo la voz de un dirigente pidiendo algo muy simple: que la empresa que opera frente a su caleta se sentara a conversar con ellos. No pedía plata ni amenazaba con nada. Pedía una reunión. Guardé el audio y lo he vuelto a escuchar varias veces, porque me parece que resume el estado del borde costero del sur mejor que cualquier estadística: hay mucha gente esperando, hace mucho tiempo, que alguien la escuche.
Fui diputado por esta zona durante cuatro años y la Ley Lafkenche me tocó por todos lados: en comisiones, en terreno, en sesiones de la CRUBC que por momentos se parecían a cualquier cosa menos a una instancia de ordenamiento territorial. Ahora la sigo trabajando, pero desde abajo, acompañando a organizaciones donde conviven pescadores artesanales y comunidades indígenas. A veces en la misma sala, a veces en la misma familia. Por eso leí con tanta atención lo que El Llanquihue publicó esta semana: un reportaje de tres páginas en su edición del lunes 10 de agosto y una editorial este martes 11, “El bloqueo del borde costero”. Tres páginas y una editorial sobre este territorio, y ni una sola voz de quienes lo habitan.
El recorrido de la información es fácil de reconstruir. Un centro de estudios vinculado al mundo empresarial, Pivotes, publica un informe. El diario lo presenta como “la evidencia”. Después entrevista a autoridades y voceros gremiales que, previsiblemente, confirman el informe. Y al día siguiente editorializa citando su propia cobertura. En algún punto de ese circuito, dicho sea de paso, se le pidió opinión a un dirigente de la pesca artesanal. La entregó por escrito. Nunca apareció publicada.
Sobre el fondo hay bastante que decir, así que voy a lo que me parece más importante.
El dato central del informe es cierto, y es un escándalo: un trámite que la ley fija en diez meses está demorando en la práctica cerca de siete años. Donde discrepo es en la conclusión. Cuando un hospital demora años en dar una hora médica, a nadie se le ocurre proponer que se derogue el derecho a la salud; se le exige al hospital que funcione. Acá pasa lo mismo. La Ley 20.249 no manda esperar siete años. Esa espera la produce un Estado que mantiene a Subpesca con dotación insuficiente, a Conadi atrasada en los informes de uso consuetudinario y a las comisiones regionales funcionando al ritmo que les acomoda. He estado en esas sesiones y he visto solicitudes de comunidades dormir años a la espera de un informe, mientras otros expedientes avanzan con notoria mejor suerte. La morosidad del Estado no reparte sus costos parejo: golpea más fuerte a quien tiene menos abogados.
Hay una petición de la editorial que merece leerse dos veces, porque pasó casi inadvertida entre tanta cifra: instaurar el “silencio administrativo positivo”. En castellano, que si el Estado no responde dentro de plazo, la concesión se dé por aprobada. Pensémoslo un momento. La misma burocracia que el informe describe como incapaz de cumplir sus plazos pasaría a funcionar, gracias a esa incapacidad, como una máquina de aprobar concesiones sin evaluación alguna, sobre un bien nacional de uso público. No conozco actividad en el mar de todos que pueda autorizarse por secretaría, y espero que siga siendo así.
Después está el caso que el informe eligió como emblema, Isla Desertores, con su frase para el bronce: 57 personas inmovilizan 248 mil hectáreas. Suena demoledor hasta que uno se detiene en cómo está armada la cuenta. Cuenta solicitantes formales, no a las familias ni a las comunidades del archipiélago que están detrás. No menciona que la superficie de un espacio costero la evalúa y la recorta la propia institucionalidad, porque Conadi debe verificar el uso consuetudinario y la comisión regional decide con todos los actores en la mesa. Y omite lo más incómodo: si esa solicitud lleva más de tres años sin resolverse, el responsable del bloqueo es el mismo Estado moroso del párrafo anterior, no los vecinos que ejercieron un derecho que la ley les reconoce. Algo parecido ocurre con la comparación entre los millones de hectáreas solicitadas y la superficie de los centros de cultivo: se está comparando un territorio de gestión con las balsas jaula. Un espacio costero marino no es un candado ni un título de dominio; ahí se sigue pescando, navegando y trabajando, con una comunidad a cargo de administrarlo.
Cuento ahora lo que yo vi, porque también son hechos. A fines de julio, en el auditorio de la Universidad de Los Lagos, participé en una convención donde dirigentes de la pesca artesanal y autoridades tradicionales de pueblos originarios trabajaron juntos una jornada entera. Me tocó facilitar el grupo de gobernanza. En el papelógrafo quedaron escritas palabras en mapudungun que ningún informe recoge: kümefelen, el equilibrio; rakizuam, la reflexión; llamungen, el respeto mutuo. Y las propuestas que salieron de ahí no eran vetos ni trincheras, sino acuerdos entre los propios actores antes de llegar a la institucionalidad, buena fe como base del diálogo, gobernanza compartida del maritorio. He visto además otra cosa, que por respeto a un proceso en curso no puedo detallar todavía: comunidades indígenas y empresas del salmón sentándose a conversar directamente, explorando fórmulas de ordenamiento construidas desde el territorio, con cartografía levantada por los propios pescadores. Donde el informe describe un candado, hay gente fabricando llaves.
Digo todo esto sin negar lo evidente. Siete años de espera es inaceptable, y las comunidades lo sufren antes y más que cualquier inversionista. Pero corregir la desidia del Estado recortando un derecho de los pueblos originarios, y hacerlo además sin consulta indígena previa como exige el Convenio 169, no es modernizar nada; es abrir un ciclo de judicialización que nos va a costar más años que los que se pretende ahorrar. El borde costero del sur no necesita menos derechos ni aprobaciones automáticas. Necesita un Estado que cumpla sus propios plazos y un diálogo donde quepan todas las voces. Incluidas, señor director, las que quedaron fuera de sus tres páginas.
