El Consejo Regional de Los Lagos aprobó esta semana, con 12 votos a favor, 5 abstenciones y 3 rechazos, que el ajuste fiscal del 3% ordenado por el Gobierno del presidente José Antonio Kast sea aplicado sobre la línea de transporte del Gobierno Regional.
Esta decisión implica una reducción de 3 mil 710 millones de pesos en ese ítem presupuestario, y fue adoptada para que la región pueda definir internamente dónde recae el impacto, en vez de dejar esa determinación en manos de la Dirección de Presupuestos (DIPRES) del Ministerio de Hacienda. Desde la oposición, el voto fue criticado como una oportunidad desperdiciada para enviar una señal política de rechazo a los recortes del gobierno central.
La rebaja del 3% anunciada por el ejecutivo de Kast no opera en el vacío: se suma al 3% de emergencia que el gobierno del ex Presidente Gabriel Boric ya había aplicado sobre los presupuestos regionales, lo que deja a los Gobiernos Regionales con un 6% menos en el acumulado de 2026. El escenario de fondo es aún más preocupante si se considera la tendencia de mediano plazo: el presupuesto de todos los Gobiernos Regionales representaba el 2,07% del presupuesto nacional en 2025 y cayó al 1,87% en 2026, mientras el presupuesto nacional en su conjunto creció un 1,7%. El ajuste total equivale a US$4.000 millones a nivel nacional.
El gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana —presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi)— quien lideró en marzo la delegación que viajó a Santiago a reunirse con el director de la DIPRES para plantear el rechazo colectivo al recorte y exigir que cada región pudiera definir dónde aplicarlo. Ese margen de autonomía fue concedido, y el Consejo Regional de Los Lagos lo ejerció esta semana eligiendo la línea de transporte como la más apropiada para absorber el ajuste, con el argumento de que su impacto sería menor allí que en otras áreas.
Santana enfatizó en la sesión del Consejo que era fundamental que la decisión se tomara en la región y no quedara a criterio de la DIPRES. En la misma línea, la consejera Yasna Vásquez explicó que se realizó un análisis técnico para determinar en qué área el recorte causaría el menor daño posible, concluyendo que la línea de transporte era la alternativa menos lesiva para el conjunto del presupuesto regional.
El consejero oficialista Eduardo Parada fue más lejos en su defensa de la medida, cuestionando incluso el uso del concepto de “recorte” y prefirió hablar de un “ajuste” en función de las condiciones que heredó la actual administración.
El consejero Francisco Reyes, desde la oposición, lamentó que la votación no fuera aprovechada para enviar un mensaje claro desde Los Lagos hacia el gobierno central. En su análisis, la región debió rechazar el ajuste como acto político, dejando en registro que Los Lagos no está dispuesto a aceptar este tipo de reducciones, especialmente en un contexto donde el debate nacional gira en torno a eventuales rebajas tributarias que, según Reyes, beneficiarían principalmente a los sectores de mayores ingresos del país.
Pese a sus diferencias en torno al carácter político del voto, todos los consejeros coincidieron en un diagnóstico de fondo: una política basada en recortes presupuestarios permanentes a los Gobiernos Regionales es incompatible con una descentralización real.
Con el 85% de las comunas del país dependiendo del presupuesto regional para financiar obras clave a través del FNDR y el FRIL, cada punto porcentual que cae el presupuesto regional tiene consecuencias directas sobre proyectos de infraestructura, programas sociales y servicios que llegan a los territorios más alejados de Santiago.
Para Los Lagos, una región insular, conectada por barcazas y con vastos sectores rurales, la línea de transporte que acaba de asumir el impacto del recorte no es un ítem administrativo: es parte del esqueleto de la vida cotidiana de miles de personas.
