Una querella criminal presentó la entidad patrocinante Social Arquitectura en contra del ministro de Vivienda, Iván Poduje, por presuntos delitos cometidos en el proceso de reconstrucción de El Olivar en Viña del Mar, en la región de Valparaíso. Acusan abuso de poder, falsificación de documentos y fraude al fisco, según biobiochile.cl
La acción legal, ingresada en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, también va dirigida contra el seremi de Vivienda, Marcelo Ruiz; y el director subrogante del Serviu en la región, Rodrigo Muñoz. Esto por la orden de paralización de obras que ordenó el ministro a las casas que se reconstruyen en El Olivar, tras detectar presuntas irregularidades en su edificación.
En la querella presentada por la entidad patrocinante se sostiene que las autoridades “habrían utilizado sus cargos para ejecutar una decisión previamente adoptada: excluir a Social Arquitectura y a la Constructora San Sebastián de los proyectos de reconstrucción que desarrollaban para 356 familias damnificadas por el megaincendio de febrero de 2024″.
Acusan que estas decisiones se habrían tomado mediante resoluciones administrativas “carentes de fundamento legal, con presiones a funcionarios públicos y con la generación de antecedentes destinados a justificar la terminación de contratos válidamente celebrados y la posterior demolición de viviendas”.
Más detalles entregó la abogada de Social Arquitectura, Érika Maira, afirmando que la querella se presentó porque el ministro Poduje “utilizó el aparato estatal para cometer delitos, interferir ilegalmente en contratos vigentes y dictar resoluciones manifiestamente injustas”.
De esta forma esperan que, tras una investigación objetiva e independiente, la Fiscalía pueda esclarecer los hechos, que -aseguran- se habrían desarrollado con “presiones a funcionarios, falsificación de instrumentos públicos, engaños a las familias damnificadas y una demolición innecesaria, incurriendo además en fraude al Fisco”.
También fundamentan que el ministro habría ordenado la paralización total de las obras, pese a que los informes técnicos disponibles solo establecían observaciones corregibles en una parte de las viviendas. A ello suman presuntas presiones que habrían sufrido funcionarios del Serviu para elaborar informes que respaldaran las decisiones del titular del Minvu.
Bajo esa presión, se habrían emitido documentos con fechas distintas a las reales y antecedentes destinados a justificar la terminación de contratos y la remoción de las empresas involucradas.
La abogada Maira sostiene que “el señor Poduje, bajo un discurso de emergencia, rompió la normalidad de un contrato que se desarrollaba bajo la fiscalización del Serviu y sujeto a los procedimientos legales y contractuales correspondientes. Como autoridad, no estaba legitimado para interrumpir e imponer su voluntad al margen de fundamentos técnicos, de la transparencia y de la legalidad”.
En este contexto, el ministro fue consultado sobre la querella y planteó que fue «presentada por una empresa, San Sebastián, que nos construyó 150 viviendas sin los estudios estructurales adecuados, vulnerando las normas de resistencia al fuego, con materiales que no estaban calificados».
«De hecho, nosotros llegamos a esta empresa San Sebastián por la denuncia de un proveedor de materiales. Presentamos cuatro querellas contra esta empresa por fraude al fisco, estafa, negociación incompatible dado sus vínculos con funcionarios y con el exdirector del Serviu», agregó.
De acuerdo con Poduje, «hemos sumariado a inspectores fiscales que no fiscalizaron y probablemente a eso se refiere con las presiones. Esta empresa pretende que nosotros, las casas falladas que nos entregaron, las arreglemos, las reforcemos, cambiemos los materiales para que sean resistentes al fuego, y nosotros no vamos a entregar casas falladas, parchadas o reforzadas».
«Esta empresa vulneró normas de resistencia al fuego en una reconstrucción que está hecha después de un incendio y eso lo detectó la Universidad de Chile y la Ditec. Son unos sinvergüenzas», cerró el ministro.
La presentación judicial también cuestiona la utilización de resoluciones que contendrían antecedentes falsos respecto de supuestas graves fallas constructivas, las que habrían servido para inducir a los vecinos a poner término anticipado a contratos vigentes. Según la acción legal, estas actuaciones alteraron el normal desarrollo del proceso de reconstrucción y vulneraron derechos contractuales de las familias afectadas.
