Por, Alejandro Santana Tirachini, Presidente de AGORECHI – Gobernador Regional de Los Lagos
La creación del Ministerio de Seguridad Pública es un paso importante para ordenar y fortalecer la institucionalidad encargada de enfrentar la delincuencia y el crimen organizado en Chile. La inteligencia, la persecución del delito y el control del orden público son y deben seguir siendo responsabilidades nacionales, bajo una conducción clara del Estado.
Pero la prevención del delito necesita también una expresión territorial. Y eso no significa tener policías regionales ni disputar atribuciones de orden público. Los gobernadores nunca hemos planteado algo así.
Lo que esperamos del actual Gobierno es que dé un paso pendiente: entender que descentralizar la prevención del delito no debilita el mando policial. Por el contrario, fortalece la capacidad del Estado para anticiparse y actuar a tiempo.
Porque el delito no se previene sólo desde un escritorio en Santiago. Se previene también en el barrio donde falta iluminación, en la plaza que fue tomada por la delincuencia, en el estudiante que abandona el liceo y queda expuesto al reclutamiento de organizaciones criminales, o en una comunidad que conoce sus problemas y sabe dónde están sus principales riesgos.
Ese conocimiento está en las regiones y en las comunas.
Y los gobiernos regionales ya asumimos esa responsabilidad. Desde 2021 hemos destinado más de $600 mil millones a seguridad y prevención del delito en el país, financiando equipamiento para Carabineros y la PDI, sistemas de televigilancia, iluminación, recuperación de espacios públicos y programas de apoyo a víctimas, entre muchas otras iniciativas.
Por eso, la discusión ya no es si los gobiernos regionales debemos participar o no en prevención. Ya lo estamos haciendo. La pregunta es si seguiremos haciéndolo sin una institucionalidad técnica adecuada que permita planificar, ejecutar y evaluar mejor esos recursos.
Ese es precisamente el sentido de crear una División de Prevención del Delito en los gobiernos regionales. No queremos crear más burocracia ni duplicar funciones. Así como hoy las direcciones de seguridad de los municipios cumplen un rol fundamental en sus comunas sin reemplazar las atribuciones del Ministerio de Seguridad Pública, los gobiernos regionales necesitamos contar con la capacidad técnica que nos permita cumplir nuestra responsabilidad en prevención.
El Ministerio debe mantener la conducción de la política nacional de seguridad; los gobiernos regionales podemos aportar planificación y ejecución territorial, coordinación con los municipios y conocimiento de la realidad de cada región. Se trata de contar con profesionales especializados que permitan que los recursos que ya destinamos a seguridad tengan planificación, seguimiento y evaluación, para saber qué funciona, dónde funciona y dónde debemos corregir.
La experiencia demuestra que esta colaboración es posible. Los gobiernos regionales financiamos drones, sistemas de televigilancia y equipamiento para las policías, y hemos suscrito convenios para implementar el Sistema Integrado de Televigilancia con Inteligencia Artificial (SITIA). Cuando existe coordinación entre el nivel nacional, las regiones y los municipios, el Estado llega mejor y más rápido a las personas.
Por eso hemos pedido al Gobierno poner suma urgencia al proyecto que crea esta capacidad técnica en los gobiernos regionales.
No estamos pidiendo que nos entreguen una tarea nueva. Estamos pidiendo institucionalizar una responsabilidad que las regiones asumimos hace años, porque sabemos que la seguridad es hoy una de las principales preocupaciones de los chilenos.
Chile no tiene que elegir entre un Estado fuerte y un Estado cercano. Necesita ambos.
Y las regiones estamos preparadas para asumir nuestra parte de esa responsabilidad.
