Mientras el Ministerio Público asegura que existen antecedentes «claros y directos» que vinculan al parlamentario con pagos irregulares a asesores, su defensa afirma que las imputaciones se caen por su propio peso y acusa motivaciones sospechosas tras el cambio de declaración de un coimputado.
En la Corte de Apelaciones de Puerto Montt se llevaron a cabo los alegatos por la solicitud de desafuero en contra del actual senador y exdiputado Miguel Ángel Calisto. La Fiscalía busca retirarle la inmunidad parlamentaria para proceder con una acusación formal por presuntos delitos reiterados de fraude al fisco, supuestamente cometidos entre los años 2018 y 2022.
El director de la unidad anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, ratificó que la investigación penal cuenta con pruebas contundentes que justifican la medida. «La investigación ha determinado antecedentes ciertos, claros y directos; declaraciones de coimputados e informes documentales y contables de la PDI», señaló el persecutor. Según la Fiscalía, se detectaron pagos superiores a los 105 millones de pesos en asignaciones parlamentarias por trabajos que supuestamente no se realizaron, y cuyos montos habrían sido desviados para fines personales y personas cercanas al círculo del senador.
Campos enfatizó que el desafuero es una herramienta restrictiva pero necesaria para garantizar que el parlamentario enfrente a la justicia «como cualquier chileno o chilena», asegurando que la igualdad ante la ley debe prevalecer y descartando que el proceso busque la impunidad. Además, aclaró que esta causa es independiente de otras aristas que se investigan, como el caso Junaeb llevado por la Fiscalía Oriente, el cual requeriría un trámite de desafuero propio de ser necesario en el futuro.
La postura de la defensa
Por su parte, el abogado defensor del parlamentario, José Pablo Gómez, argumentó que los antecedentes presentados por el Ministerio Público no son suficientes para mantener la solicitud. «Creemos que, en base a los antecedentes que hay, ni siquiera debería ser desaforado, porque justamente todas las imputaciones que se hacen se caen por el propio peso de la investigación», sostuvo.
La defensa basó gran parte de sus alegatos en desacreditar el testimonio clave de la Fiscalía, el cual proviene de un coimputado que modificó radicalmente su declaración el 23 de junio de 2026. Gómez Celis calificó de «sospechoso» que este testigo pasara de prisión preventiva a la libertad apenas dos días después de cambiar su versión para inculpar al senador. «Es un cambio de 180 grados. Motivó que esta persona recuperara su libertad, lo que evidentemente, para nuestro juicio, es sospechoso», puntualizó el abogado, sugiriendo que la declaración pudo haber sido obtenida bajo presiones y adelantando que este punto será el eje de su contra examen en un eventual juicio oral.
Tras concluir los alegatos, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt quedó en condiciones de resolver si acoge o rechaza la solicitud de desafuero, decisión que determinará si el senador Calisto deberá enfrentar un juicio oral por los cargos que se le imputan.
