La osadía de los delincuentes los llevó a instalar su centro de operaciones a pasos del cuartel del OS-7. Sin embargo, la rápida acción de la unidad especializada, tras una denuncia ciudadana, permitió desarticular la banda y decomisar marihuana, cocaína y ketamina.
En un sorpresivo operativo, personal del OS-7 de Carabineros desarticuló una organización criminal dedicada al tráfico de drogas a gran escala en Puerto Montt. La banda, integrada por ocho personas —entre ellas dos mujeres—, mantenía su centro de operaciones en la calle 27 de Abril, a escasos metros del propio cuartel del OS-7 y del Grupo de Formación Policial de la institución.
La caída de la agrupación comenzó tras la denuncia anónima de un testigo, quien alertó a la policía sobre la llegada de un importante cargamento de sustancias ilícitas a un inmueble ubicado en un pasaje del sector. Con este antecedente, Carabineros desplegó una vigilancia discreta en la zona y observó el inicio inmediato de la dosificación y distribución del cargamento.
Al percatarse del delito flagrante, la policía uniformada notificó al Ministerio Público, organismo que gestionó rápidamente una orden judicial de entrada, registro y detención ante el tribunal. Durante el procedimiento de vigilancia previa, los agentes detuvieron uno a uno a los compradores que salían de la propiedad. A estos se les incautaron cargamentos de entre dos y tres kilos cada uno. En total, la redada logró decomisar casi siete kilogramos de marihuana, 34.2 gramos de clorhidrato de cocaína y una cantidad indeterminada de ketamina.
Los antecedentes del caso se expusieron formalmente en la Sala Dos del Juzgado de Garantía de Puerto Montt, en una audiencia presidida por el magistrado Rolando Díaz. Durante el debate, los abogados defensores César Gárnica y Pablo Sanhueza cuestionaron la legalidad del procedimiento. Sanhueza argumentó que Carabineros actuó basándose en indicios y no en pruebas contundentes, detallando que los informes policiales solo mencionaban el ingreso de un sospechoso con una mochila vacía que luego salió con un bulto en su interior.
Por su parte, el fiscal Joaquín Yáñez ratificó la legalidad de las detenciones y subrayó el impudor de la banda al operar a metros de la policía especializada en narcotráfico. Además, el persecutor reveló que varios de los imputados ya contaban con investigaciones previas vigentes por delitos de la misma naturaleza en la zona, instancias en las que habían logrado mantener su libertad.
Tras escuchar los alegatos, el juez Díaz declaró ajustado a derecho el arresto de siete de los implicados. Respecto al octavo imputado, el tribunal declaró ilegal su detención por falta de méritos suficientes en el acta policial; no obstante, fue formalizado de igual manera, quedando bajo las medidas cautelares de arresto domiciliario parcial y arraigo nacional.
Finalmente, de los siete imputados restantes, el tribunal decretó la prisión preventiva para cuatro de ellos y arresto domiciliario total para los otros tres. Ante la resolución de no encarcelar a la totalidad del grupo, el fiscal Yáñez anunció que presentará una apelación verbal ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt para revertir las medidas cautelares menores y conseguir la prisión preventiva de toda la organización.
