El municipio de Puerto Montt presentó una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Puerto Montt en la que denuncia una serie de hechos que podrían configurar delitos de fraude al fisco, negociación incompatible, tráfico de influencias, cohecho y falsificación de documentos en contra de cuatro exfuncionarios.
La querella identifica como imputados a la exdirectora de Desarrollo Comunitario (DIDECO), Carla Comicheo Villarroel; al exjefe de Gabinete y exdirector de Turismo, Marcelo Wilson Vallejos; a la extécnica de DIDECO, Ethel Dietz Araúz; y al exencargado del Departamento de Señales de Tránsito, Juan Miguel San Martín Jaramillo. Según la acción judicial, los hechos investigados habrían ocurrido entre los años 2022 y 2024.
Según la querella, los hechos se relacionan con el programa municipal de entrega de agua potable mediante camiones aljibe ejecutado entre diciembre de 2023 y marzo de 2024. El documento sostiene que la entonces directora de DIDECO, Carla Comicheo Villarroel, habría incorporado a los otros tres funcionarios como beneficiarios del servicio, pese a que no figuraban en la nómina original y, presuntamente, no cumplían con las exigencias establecidas por el reglamento municipal para acceder a esta ayuda social destinada a familias vulnerables.
La presentación judicial detalla que Marcelo Wilson Vallejos no contaba con Registro Social de Hogares ni informes sociales que acreditaran vulnerabilidad, mientras que Ethel Dietz Araúz y Juan San Martín Jaramillo se encontraban, según la querella, fuera de los tramos de vulnerabilidad exigidos para recibir el beneficio. Además, se afirma que los tres funcionarios mantenían remuneraciones estables y contaban con la posibilidad de adquirir agua de manera particular a empresas proveedoras que operaban en el sector de Colonia Alerce.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por el municipio, entre diciembre de 2023 y marzo de 2024 los querellados habrían recibido miles de litros de agua potable financiados con recursos públicos. La acción judicial sostiene que Marcelo Wilson Vallejos recibió aproximadamente entre 13.500 y 13.800 litros; Ethel Dietz Araúz, cerca de 14.000 litros; y Juan San Martín Jaramillo, alrededor de 10.300 litros. La municipalidad indica que el perjuicio fiscal asociado solo al caso de Wilson fue calculado administrativamente en $348.584, mientras que el monto total de los demás casos deberá determinarse durante la investigación.
La querella también plantea sospechas sobre una eventual alteración de registros de entrega de agua. El municipio afirma que existen antecedentes proporcionados por vecinos que advirtieron entregas superiores a las registradas oficialmente y sostiene que podrían haberse utilizado documentos con información falsa respecto de las cantidades efectivamente distribuidas. Estos hechos son atribuidos, por ahora, a personas aún no determinadas y forman parte de las diligencias cuya investigación fue solicitada al Ministerio Público.
Además, se expone en la presentación judicial, eventuales irregularidades en los registros de distribución, al apuntar al posible ocultamiento de antecedentes y a una eventual alteración de bitácoras relacionadas con las entregas efectuadas por la empresa contratista. Estos hechos fueron previamente investigados mediante un sumario administrativo que concluyó con la destitución de uno de los involucrados.
En paralelo, la acción judicial incorpora un segundo hecho que involucra a Marcelo Daniel Wilson Vallejos cuando se desempeñaba como jefe de gabinete del entonces alcalde Gervoy Paredes Rojas. Según la querella, durante las gestiones para la organización de actividades de fin de año 2022, Wilson habría solicitado a la productora de eventos Carola Ximena Henríquez Navarro la suma de $500.000, enviándole los datos de su cuenta bancaria personal. El documento sostiene que el depósito fue realizado el 15 de diciembre de 2022 y que no existirían contratos, órdenes de compra ni antecedentes administrativos que justificaran dicho pago.
A raíz de estos antecedentes, la Municipalidad de Puerto Montt solicita que el Ministerio Público investigue la eventual responsabilidad penal de los involucrados y determine la existencia de los delitos denunciados. La querella recuerda además que un sumario administrativo instruido por el municipio concluyó con la destitución de Marcelo Wilson Vallejos, mientras que ahora será la justicia penal la encargada de establecer si los hechos denunciados constituyen infracciones penales y cuáles son las responsabilidades que correspondan.
Tras la declaración de admisibilidad por parte del Juzgado de Garantía de Puerto Montt, los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público para continuar la investigación. La Municipalidad solicitó diversas diligencias, entre ellas la intervención de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI, peritajes contables, revisión de registros bancarios y la toma de declaraciones a funcionarios, vecinos y representantes de la empresa involucrada.
