Tres de las 56 rebajas de condenas por delitos sexuales contra menores de edad -incluyendo 27 por abuso sexual y 29 por violación-, firmadas por el Gobierno de José Antonio Kast, corresponden a la Región de Los Lagos, informó este domingo diario El Llanquihue.
El seremi de Justicia y Derechos Humanos, Claudio Valdivia -militante de Renovación Nacional- declinó referirse a la polémica y no respondió a las consultas sobre la cantidad exacta de internos con rebaja de condena en las cárceles de la zona.
Ante el silencio y la negativa del seremi a confirmar o descartar la información, no se pudo corroborar si los beneficiados efectivamente abandonaron los recintos penitenciarios de la región, si se firmó formalmente la rebaja o si el trámite quedó en suspenso tras las últimas resoluciones del nivel central.
En ese sentido, Valdivia solo se limitó a remitir un comunicado oficial emanado desde el Ministerio de Justicia en Santiago.
En el escrito, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, anunció la suspensión de la tramitación de los decretos de rebaja de condena, junto con una serie de medidas legislativas destinadas a impedir que personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes continúen accediendo a estos beneficios.
La decisión se adoptó tras un análisis de la normativa vigente que, según explicó la autoridad, permitió identificar un vacío legal relacionado con la aplicación de las restricciones a las rebajas de condena para personas sentenciadas antes de 2022.
Al respecto, el ministro Rabat destacó que “lo que haremos ahora es abordar este problema, promoviendo y dando urgencia a una serie de proyectos de ley para impedir que se sigan otorgando estos beneficios a personas condenadas antes del año 2022. Mientras tanto, vamos a dejar suspendida la tramitación de estos decretos, porque con la discusión inmediata de las iniciativas podremos zanjar esta situación en un breve tiempo y darle tranquilidad a la ciudadanía”, señaló el secretario de Estado.
Paralelamente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anunció medidas para resolver esta situación mediante modificaciones legislativas que serán impulsadas con discusión inmediata en el Congreso Nacional.
Entre las medidas anunciadas se contempla la presentación de un proyecto de ley que modifique el procedimiento para obtener el beneficio de reducción de condena por conducta intachable, las causales que excluyen de este beneficio, una regla de temporalidad que zanje la discusión entorno a qué requisitos serán exigibles a los postulantes y normas que garanticen el derecho a ser oídas por parte de la víctima, así como indicaciones e iniciativas legislativas destinadas a restringir estos beneficios.
Asimismo, el Ejecutivo impulsará el proyecto de ley que crea los Tribunales de Ejecución de Penas, moción parlamentaria presentada de carácter transversal que se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado y que contempla un procedimiento especial para que las solicitudes del beneficio contemplado en la Ley N° 19.856, libertad condicional y los demás beneficios penitenciarios para que estos sean conocidas y resueltas por jueces. De esta forma, estas decisiones dejarían de estar a cargo de las actuales comisiones especiales establecidas por la legislación, trasladando su conocimiento a los tribunales de justicia.
