La Asociación de Funcionarios de Salud Municipal (Afusam) de Chonchi, región de Los Lagos, presentó una querella contra el alcalde Fernando Oyarzún y contra todos quienes resulten responsables por presuntos delitos reiterados de fraude al Fisco, tras cuestionar el pago de finiquitos por más de 400 millones de pesos a 22 trabajadores que habrían continuado o retomado funciones en la Corporación Municipal. Según precisó la organización mediante un comunicado, la acción se relaciona con desembolsos efectuados por la causal de necesidades de la empresa a trabajadores cuyos contratos finalizaron al 31 de diciembre de 2024 y que posteriormente habrían seguido prestando servicios o vuelto a ser contratados por la misma entidad.
De acuerdo con la misiva entregada por el gremio, la querella identifica a 22 personas cuyos pagos por desvinculación suman $400.483.757. Afusam sostuvo además que existirían casos en que las nuevas contrataciones habrían comenzado antes de la firma y del pago de los respectivos finiquitos, lo que refuerza las dudas sobre la justificación de los desembolsos. La asociación aclaró que estos antecedentes corresponden a lo expuesto por la parte querellante y no constituyen hechos acreditados judicialmente, del mismo modo que la cifra mencionada no equivale a un perjuicio fiscal establecido, pues deberá revisarse considerando los conceptos que efectivamente correspondía pagar.
En ese contexto, el gremio solicitó esclarecer por qué se efectuaron esos pagos si los trabajadores continuaron o retornaron a la Corporación, qué fundamentos respaldaron las decisiones y quiénes las autorizaron. Asimismo, planteó que la investigación deberá determinar si los desembolsos estaban justificados, cuál fue su fuente de financiamiento y si existió un perjuicio patrimonial. Afusam pidió a las autoridades de la Corporación Municipal y a quienes intervinieron en estas decisiones facilitar el esclarecimiento de los hechos, preservar los antecedentes y entregar oportunamente la información requerida por los organismos competentes, comprometiéndose a aportar los antecedentes de los que dispone.
El concejal Pedro Andrade se refirió al caso y señaló que más de 30 funcionarios fueron despedidos y que 22 de ellos volvieron a ser recontratados al día siguiente. “Se considera que no corresponde, porque primero se finiquitan por necesidad de la empresa y se vuelven a contratar. Entonces, allí hay una falta que está presentada al tribunal para que haga la investigación correspondiente y se tomen las providencias y las sanciones que corresponden a esta falta, porque consideramos que es una falta grave”, indicó el edil, añadiendo que los $400.483.757 pagados por finiquitos debieron ser traspasados por la Municipalidad para que la corporación pudiera cubrirlos.
La organización manifestó que su actuación busca promover una administración transparente y el uso correcto de los recursos públicos, junto con expresar su respeto por la presunción de inocencia y por el derecho de todas las personas involucradas a entregar su versión. Cabe consignar que la admisibilidad de la querella permite su tramitación, pero no acredita la existencia de delitos ni establece responsabilidades penales. Hasta el momento, el alcalde Fernando Oyarzún no ha entregado declaraciones al respecto, lo mismo que la presidenta de Afusam, Ana Faundez.
