“Rechazo de manera tajante la rebaja de estas condenas, pero es necesario comprender el contexto en que se dictaron los decretos”.
Las palabras son de la diputada del Partido Republicano por el Distrito 26 -Región de Los Lagos-, Claudia Reyes, quien así realizó un llamado a los senadores que representan a su zona, con el fin de que aprueben el proyecto del Gobierno que modifica la rebaja de condenas por comportamiento sobresaliente.
Lo anterior, luego del revuelo causado por los beneficios carcelarios otorgados entre marzo y septiembre de este año a 56 reos que estaban condenados por delitos sexuales contra menores y a los que se suman otros 276 en el gobierno de Gabriel Boric.
En este sentido, la parlamentaria oficialista, llamó a los senadores Fidel Espinoza (PS), Iván Moreira (UDI) y Carlos Ignacio Kuschel (RN), a respaldar la iniciativa y así terminar con este tipo de beneficios para aquellos reos condenados por este tipo de delitos.
La legisladora sostuvo que la respuesta a esta situación debe centrarse en corregir las deficiencias de la normativa y fortalecer los mecanismos legales, en lugar de concentrar el debate en solicitar la renuncia del ministro de Justicia, Fernando Rabat.
En ese sentido, destacó que el Gobierno está impulsando medidas para evitar que situaciones de esta naturaleza vuelvan a producirse.
Reyes también recordó que los antecedentes del caso se remontan a decisiones y procedimientos que no se originaron exclusivamente durante la actual administración.
Explicó que las comisiones de rebaja de condena rechazaron inicialmente solicitudes de numerosos condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, pero que posteriormente algunos internos recurrieron a los tribunales mediante recursos de amparo.
“Las cortes resolvieron que debían revisarse esas decisiones, considerando el principio de irretroactividad de la ley. Por eso, es importante comprender el contexto en que se dictaron los decretos posteriores: estos se vincularon al cumplimiento de resoluciones judiciales que habían acogido los recursos previamente presentados”, señaló la diputada.
La representante republicana por la Región de Los Lagos enfatizó que esta situación hace necesario revisar y perfeccionar los criterios, así como los procedimientos aplicables, con el objetivo de fortalecer la normativa y asegurar que la protección de niños, niñas y adolescentes sea siempre una prioridad para el Estado.
Así también, explicó que entre los principales ejes del proyecto del Ejecutivo, se considera el derecho de las víctimas a ser informadas y oídas. A ello se suma que será la Comisión de Beneficio de Reducción de Condenas la que calificará la conducta y concederá o rechazará el beneficio, eliminando el decreto ministerial.
