La Contraloría General de la República reveló una serie de irregularidades en la ejecución del Censo de Población y Vivienda 2024, tras una auditoría al Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Entre los hallazgos más relevantes, se detectó la contratación de 16 censistas con antecedentes penales por delitos como estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas, además de 14 ciudadanos extranjeros que no se encontraban habilitados para trabajar en Chile, incluyendo un caso con una expulsión administrativa pendiente.
El informe también expuso importantes falencias en los procesos de control y supervisión. La entidad fiscalizadora constató que más de 130 personas contratadas para cargos de coordinación y gestión administrativa no acreditaron los requisitos educacionales exigidos. Asimismo, el INE no pudo demostrar que 515 censistas realizaron efectivamente las labores por las que recibieron pagos que superan los 166 millones de pesos, situación que podría derivar en nuevas acciones administrativas y judiciales.
Junto con ello, la Contraloría detectó pagos injustificados, contratos de arriendo sin respaldo técnico y la falta de planificación para el uso posterior de miles de computadores y teléfonos adquiridos para el proceso censal. Debido a estas observaciones, el organismo formuló un reparo por más de 315 millones de pesos, ordenó la instrucción de un sumario administrativo y remitió los antecedentes al Ministerio Público para que determine eventuales responsabilidades.
