El conflicto enfrenta al Club Aéreo, dueño del recinto, a la autoridad aeronáutica y a las necesidades de las zonas aisladas. Mientras el municipio y el Gobierno Regional respaldan mayor control por narcotráfico, operadores rechazan cambios en reglas de vuelo y un eventual traslado a El Tepual.
El futuro del aeródromo La Paloma, el terminal aéreo privado más importante de la región de Los Lagos, quedó en el centro de un conflicto que cruza propiedad privada, conectividad y seguridad.
La discusión se origina por la obligación de la Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC, de asumir la fiscalización total del recinto, tras un dictamen de la Contraloría General de la República que abrió sumarios contra la institución por no controlar los aeródromos del país.
En ese escenario se enfrentaron tres posturas durante la última reunión entre autoridades y operadores.
Desde la vereda técnica y comercial, el piloto Rudy Meyer, y vocero de los operadores locales, aseguró estar de acuerdo con un mayor control, pero puso la alerta en cómo se implementará.
«Estamos 100% de acuerdo con que la DGAC intervenga y fiscalice a los pasajeros y la carga en tierra para evitar el tráfico de drogas», afirmó.
Su principal rechazo, explicó, es a una eventual modificación del espacio aéreo Clase Golf y de los mínimos meteorológicos de operación, actualmente de 2 kilómetros de visibilidad.
Según Meyer, cambiar esa regla golpearía directamente a la conectividad diaria con Palena, Chaitén y Melinka, por el clima adverso del sur. «Presentamos una propuesta técnica idéntica en seguridad a la de la DGAC, pero más barata, con menos personal y que respeta la metodología de vuelo histórica», sostuvo.
Además, advirtió que obligarlos a operar desde el aeropuerto El Tepual significaría una caída del 50% de la actividad, «debido al colapso de sus plataformas para aviones pequeños y la congestión vial de su acceso».
En tanto, el Gobernador Regional de Los Lagos, Alejandro Santana, asumió un rol de mediador político y validó la necesidad de avanzar en seguridad.
Aclaró que el Gobierno Regional no es solo una fuente de financiamiento, sino «un puente para destrabar conflictos entre las autoridades competentes y los privados».
Santana reconoció que La Paloma tiene un tráfico muy alto y es un «espacio silencioso con un riesgo elevado de tráfico de estupefacientes o mercancía ilegal debido a controles históricamente débiles». En esa línea, dejó abierta la puerta a evaluar mecanismos de inversión público-privada, como concesiones parciales, una vez que la DGAC presente una propuesta formal.
La postura más dura respecto al cumplimiento legal la expuso el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraight, quien alineó al municipio con la intervención de la DGAC.
«La intervención de la DGAC no es arbitraria, es la respuesta directa a un dictamen de la Contraloría que abrió sumarios a la institución por no cumplir con su deber legal de fiscalizar», recalcó.
Para el jefe comunal, el Club Aéreo eventualmente va a tener que ceder espacio a la autoridad para evitar nuevas sanciones. Sin embargo, pidió criterio en la implementación para «no generar retrasos excesivos en los tiempos de espera y salida que terminen perjudicando a los usuarios».
Wainraight también elevó el tono en materia de seguridad, al aludir a reportes de inteligencia sobre rutas criminales activas «entre Ushuaia y Puerto Montt», y advirtió que la falta de herramientas modernas de aduana y control ha facilitado el asentamiento de organizaciones delictivas en la ciudad.
Mientras la DGAC debe ahora presentar su plan definitivo de fiscalización, los pilotos locales esperan que se mantengan las condiciones operativas que permiten la conexión diaria con las zonas más aisladas de Los Lagos y Aysén.
